La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha presentado un escrito de acusación en el que llega a pedir penas de hasta 21 años de cárcel para los responsables de la trama convergente del 3%, que es como se conocía el sistema de financiación del partido a través de "subvenciones" a cambio de la adjudicación de obra pública.
Según el fiscal José Grinda, "se trataba de una actuación sistemática de, por un lado, recepción de dinero de parte de empresarios, y por la otra, de transformación de este dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito". Ante esa constatación, la fiscalía acusa a una treintena de personas por los delitos de "pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias corrupción entre particulares y fraude a la Administración Pública".
Uno de los más perjudicados es Germà Gordó, exsecretario del gobierno de la Generalidad con Artur Mas, al que el escrito judicial sitúa al frente de una "estructura para financiar el partido ilegalmente y de forma encubierta". Para Gordó se reclaman siete años de cárcel por organización criminal, cuatro años y medio por blanqueo de capitales, tres por corrupción entre particulares, dos años y medio por fraude a la administración, un año y diez meses por tráfico de influencias y dos multas que suman 4,6 millones de euros.
En su papel de máximo responsable de la trama, Gordó era el contacto de los contratistas con la Generalidad, a pesar de que no estaba entre sus funciones dentro del gobierno autonómico. Sus operaciones, apunta el escrito fiscal, se realizaban "al margen de los cauces legales" y estaba encaminado hacia "el beneficio de dichos contratistas y al del partido político al que pertenecía, objetivos ambos opuestos al bien público".
Colaboradores de la investigación
Tras Gordó, el fiscal sitúa a Francesc Sánchez, que era secretario económico de Convergencia Democrática de Cataluña, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas. Sin embargo, la colaboración con la justicia de este individuo le acarrea una sustancial rebaja en la petición de penas, un año de prisión y trabajos para la comunidad. Parecida situación a la de Daniel Osàcar, extesorero del partido y ya condenado por el caso Palau de la Música (una derivada de la trama del 3%). Su colaboración con la investigación reduce su petición fiscal a trabajos para la comunidad.
No es el caso de otro extesorero de Convergencia, Andreu Viloca, a quien el fiscal acusa de delitos que suman una petición de 21 años y diez meses. Viloca, administrador y tesorero de CDC y de la fundación CatDem, "llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder", apunta el escrito. Este personaje "controlaba en una primera instancia de forma sistemática los pagos encubiertos que recibe finalmente CDC, verdaderos pagos ilícitos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas".
La investigación da por hecho que entre 2008 y 2015, la trama había derivado hacia el partido un mínimo de 1,8 millones de euros gracias a pagos de contratistas no sólo de la Generalidad sino también de administraciones locales controladas por Convergencia. Se han analizado un total de 31 adjudicaciones amañadas por un monto de 218 millones de euros. Gran parte de los amaños constaban en una agenda de Viloca requisada durante un registro en su despacho en 2015, cuando comenzó la investigación.
Un hombre de Xavier Trias
La acusación fiscal también señala a Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructuras de la Generalidad, para quien pide diez años de cárcel. A Antoni Vives, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona en la época en la que el convergente Xavier Trias ocupó la alcaldía de Barcelona, se le piden seis años de cárcel. Vives ya aceptó una condena de dos años de cárcel y dos de inhabilitación por contratar a un exalcalde de Convergencia en una empresa pública de planificación urbanística, de la que cobró más de 150.000 euros por no trabajar. A Sixte Cambra, otra figura del entorno convergente y expresidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, para quien se piden cuatro años y medio de cárcel por su participación en la trama del 3%.
Además de la treintena de personas, el fiscal también acusa a catorce empresas constructoras, entre ellas Teyco, Fundación ACS, Urbaser, Constructora Pirenaica, Construcciones Deco y Benito Arnó e hijos, entre otras, así como a Convergencia o al partido que asumió sus obligaciones, el PDeCAT, al que el fiscal define como "la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las que pudiera haber incurrido la formación política precedente, CDC".
Artur Mas, blindado
Al PDeCAT se le exige el pago de tres millones de euros. Cabe constatar que CDC no hizo frente al pago de los seis millones que se estipularon en el juicio del caso Palau de la Música como el dinero que se tramitó a través de dicho Palau hacia el partido que entonces dirigía Artur Mas.
Sin embargo, este expresidente de la Generalidad no aparece como acusado en la causa entre otras razones porque todos los investigados trazaron una suerte de "cordón de protección" en sus declaraciones y desvincularon a Mas de la operativa criminal.