La decisión del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido y de los magistrados izquierdistas Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán de no abstenerse en el recurso sobre el aborto ha provocado una gran indignación en el mundo judicial.
Conde-Pumpido decidía este viernes, tras su resistencia inicial, a tramitar el escrito de recusación presentado por un grupo de exdiputados del PP contra el propio Conde-Pumpido, Campo y Montalbán. La magistrada conservadora Concepción Espejel decidió abstenerse voluntariamente. Se da por hecho que el presidente del Constitucional y la mayoría izquierdista rechazarán la recusación para participar en la deliberación sobre el aborto, que comenzará a estudiarse en el Pleno que se inicia este martes. Para ello, apelarán a una doctrina del TC que rechaza las recusaciones si afectan al quórum del tribunal.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "Conde-Pumpido no puede vulnerar derechos fundamentales para tener quórum en el Constitucional". El Pleno del TC en la actualidad está conformado por 11 magistrados, ya que el Senado no ha elegido al sustituto del conservador Alfredo Montoya y el quórum mínimo está fijado en 8. Si Conde-Pumpido, Campo, Montalbán cumplen con su deber de abstención junto a Espejel, sólo quedarían 7 magistrados y no se podría discutir, ni votar la sentencia sobre el recurso del aborto hasta que se nombre al magistrado nº 12 o se renueve el propio tribunal.
"Si Conde-Pumpido, Campo y Espejel no se abstienen, la sentencia sobre el recurso del aborto incurrirá en un vicio de nulidad, denunciable ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). Los magistrados izquierdistas vulnerarán el artículo 24 de la Constitución española, saltándose la propia doctrina establecida por el TC y por el TEDH al respecto", añaden. El citado artículo de la Carta Magna establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".
Tal y como desveló este diario, Conde-Pumpido tiene que abstenerse ya que cuando era fiscal general del Estado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero avaló en el Consejo Fiscal la Ley. Las magistradas Montalbán y Espejel eran entonces vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se pronunciaron sobre la norma. Por último, el exministro de Justicia Campo también debe abstenerse ya que formaba parte del Gobierno de Zapatero como secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó la Ley.
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD recuerdan el caso del líder de Batasuna Arnaldo Otegui: "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo obligó a la Audiencia Nacional a repetir el juicio contra Otegui porque una de las magistradas durante la vista oral prejuzgó su respuesta a una pregunta. Como no va a dar Estrasburgo la razón a los que recurran la no abstención de Conde-Pumpido, Campo y Montalbán si los tres se han pronunciado sobre la Ley del aborto por escrito para avalarla, antes de deliberar sobre la norma como magistrados del Constitucional".
Recordamos que Conde-Pumpido ha decidido estudiar el recurso sobre el aborto en el Pleno del TC mientras el Senado tramita la nueva Ley sobre esta materia, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Por tanto, dicho recurso se ve afectado por la nueva Ley y como consecuencia el Tribunal de Garantías va a interferir antes de que termine la tramitación en la Cámara Alta.
El exministro Campo se abstiene en 8 procedimientos
Tal y como publicó este diario, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha abstenido en 8 procedimientos como magistrado del Tribunal Constitucional en menos de 1 mes de mandato y han pedido su recusación en otros 10 asuntos.
El Gobierno de Pedro Sánchez propuso a Campo, que fue ministro de Justicia entre enero de 2020 y julio de 2021, y a la ex alto cargo del Ministerio de Presidencia Laura Díez como nuevos magistrados del Tribunal de Garantías en la última renovación. Su elección fue muy polémica y expertos juristas advirtieron entonces de que el pasado inmediato de Campo como ministro iba a provocar problemas de operatividad en el Constitucional al tenerse que abstener en numerosos asuntos.