La Fiscalía Europea ha contestado al auto del Juzgado de Instrucción de Tenerife que lleva el caso Tito Berni o caso Mediador. El Juzgado trasladó a la Fiscalía de la UE la parte del caso que afectaba a los contratos investigados de la Fundación Internacional Iberoamericana, la fundación dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Lo hizo porque esta fundación se financia con fondos europeos que habrían sido utilizados de forma presuntamente fraudulenta, al menos en algunos de los contratos de suministro en el área de los países del Sahel. Pues bien, en su respuesta, la Fiscalía Europea ratifica que los hechos descritos podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de cohecho, prevaricación, y tráfico de influencias.
Con la firma de los "Fiscales Europeos Delegados. Antonio Zárate Conde y Olga Muñoz Mota", la Fiscalía Europea en Madrid ha contestado, efectivamente, que los contratos cerrados entre la trama del Tito Berni y la Fundación Internacional Iberoamericana dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, alberguen indicios delictivos: "Los hechos avocados podrían ser indiciariamente constitutivos de delitos de cohecho (artículos 419 y ss CP, prevaricación (artículo 404 CP) y tráfico de influencias (artículos 428 y ss CP) sin perjuicio de la correspondiente calificación jurídica en el momento procesal oportuno y a la vista del resultado de la completa instrucción del procedimiento".
La respuesta se basa en que la Justicia ha encontrado indicios delictivos en cuatro contratos firmados por la trama del Tito Berni con la Fundación Internacional Iberoamericana. Pero también es cierto es que la Policía Judicial ha aportado mucha más documentación sobre otros contratos que afectan a uniformes, equipos de telecomunicaciones, de informática, protecciones balísticas, etc que se sacaron a concurso dentro de los mismo lotes en los que ha aparecido el rastro de la presunta corrupción dentro de los pagos de la Fundación. Y es que dentro de los equipos de investigación crece el convencimiento de que sería conveniente analizar el resto de partidas por si hubieran podido quedar bajo el radio de acción de la trama.
Cuatro contratos analizados
Los cuatro concursos que ya se han analizado son los de compra de drones con una de las empresas de la trama. El primero por valor de 30.991,74 euros. El segundo, por 43.801,65 euros. El tercero de 14.000 euros. Y el cuarto por importe de 174.300 euros. Porque, según las investigaciones llevadas a cabo estos proyectos podrían haber sido conseguidos a cambio de la entrega "de dádivas, regalos o pagos" a la trama.
Y todo ello, dentro del Proyecto GAR-SI Sahel, proyecto europeo financiado por la Comisión Europea y gestionado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas públicas (FIIAPP ), que tenía como objetivo "contribuir a la seguridad de la población y a la estabilización tanto en los países del Sahel (Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad) como de los territorios regionales, incluyendo las zonas más aisladas y transfronterizas".
Documentación sobre otros contratos
Pero la Policía Judicial ha entregado documentación sobre muchos otros contratos que afectan a partidas como las siguientes: "Uniformidad. Protección balística individual. Protección individual anti-trauma. Equipos de servicios y subsistencia individual. Material de Observación. Telecomunicaciones. Informática. Equipo de policía judicial. Dispositivos operativos en vías públicas" etc.
Hay que recordar que el Juzgado de Santa Cruz de Tenerife defiende con claridad que las funciones de contratación se llevaron a cabo desde la Fundación y que, por mucho que se realizaran por un general de la Guardia Civil, se hizo en condición de director del proyecto investigado de la Fundación de Pedro Sánchez.
Situación personal del general investigado
El decreto de la Fiscalía Europea también aclara otro punto: "Sobre la situación personal del investigado D. Francisco Navas Espinosa". Se trata del general retirado bajo mando de la Fundación que gestionó los contratos investigados por ahora. Sobre él pesa la acusación de "posible responsable de un delito de cohecho, tráfico de influencias, pertenencia a grupo organizado y blanqueo de capitales".
El auto del Juzgado de Instrucción del pasado 17 de abril puso a disposición de la Fiscalía Europea al investigado, que se encuentra en estos momentos "privado de libertad por los hechos avocados". Y la Fiscalía Europea reclama remitir al Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional la pieza separada de la situación personal del investigado D. Francisco Espinosa Navas.