La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha salido al rescate del Gobierno de Pedro Sánchez y ha conseguido paralizar un informe sobre los contratos de emergencia de los Ministerios durante la pandemia del covid-19, hasta después de las elecciones generales del 23-J. El Pleno del tribunal presidido por Chicano y con mayoría izquierdista rechazó hace dos semanas la aprobación del informe de fiscalización sobre los contratos suscritos en pandemia por casi una docena de Ministerios del Gobierno de coalición, alegando supuestos "defectos técnicos y jurídicos".
Dicho informe fiscaliza la gestión de los Ministerios del área económica y social y sus organismos públicos en los meses de pandemia, cuando se utilizaron los contratos de emergencia de forma generalizada. Afecta por tanto a los departamentos de Asuntos Económicos, Hacienda, Transición Ecológica, Industria, Sanidad, Agricultura, Inclusión, Transportes y Sanidad, todos ellos gestionados por el PSOE, y a los de Trabajo, Derechos Sociales y Consumo, con titulares de Unidas Podemos.
Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital denuncian que "todo obedece a una maniobra de la presidenta Enriqueta Chicano y de los consejeros izquierdistas del tribunal para no perjudicar al Partido Socialista antes de la celebración de las próximas elecciones generales. Por ello, se ha paralizado su aprobación en el Pleno para que no se den a conocer los resultados perjudicando a los socialistas".
Cabe destacar que el ponente del informe es el catedrático de Economía Javier Morillas, consejero del Departamento Primero de los Servicios Públicos Básicos y de los Bienes Públicos. Morillas fue designado a propuesta del PP en la última renovación del Tribunal de Cuentas acordada por el Ejecutivo y el que fuera líder de los populares, Pablo Casado hace año y medio.
El informe crítico fiscaliza la gestión, gastos y contratos del Ministerio de Sanidad en la etapa de Salvador Illa en marzo de 2020 y afecta también a otros departamentos como el de Alberto Garzón o el de Transportes que estaba en manos de José Luis Ábalos. En total, el informe fiscaliza más de 150 contratos de los Ministerios detectando diversas irregularidades no justificadas en las que se pasó por alto la normativa estatal.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el informe previsiblemente se aprobará de forma definitiva en el Pleno que celebrará el tribunal días después del 23-J, cuando sus resultados ya no podrán repercutir negativamente en los socialistas". Mientras tanto, el texto se ha devuelto al consejero ponente.
Recordamos que éste es el único que falta de los siete informes sectorializados que se comprometió a aprobar el Tribunal de Cuentas sobre la pandemia. En los últimos meses, ya han visto la luz los seis informes anteriores, relativos al sector local, las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social, los Ministerios políticos (Interior, Defensa o Justicia) e incluso la parte de atención sanitaria que gestiona el Ministerio. Al margen de estas siete fiscalizaciones debe aprobarse un informe general sobre la pandemia.
Sin novedades sobre el 1-O y los ERE
En el Tribunal de Cuentas también se dirimen dos causas importantes de enjuiciamiento que afectan de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez y de las cuales casualmente no se esperan novedades en los próximos meses. Se trata de la causa del golpe del 1-O y de la macrocausa de corrupción de los ERE del PSOE de Andalucía.
Las mismas fuentes consultadas por este diario aseguran que sobre la causa del 1-O que quedó prácticamente desactivada tras la renovación del tribunal "no se esperan novedades relevantes hasta final de año. Sobre los ERE, "continúa su tramitación en el tribunal" y cada vez se aleja más la posibilidad de recuperar algo de los centenares de millones de euros malversados.
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com