La riña vecinal que acabó con la vida de un agente de la Policía Nacional el pasado domingo en la localidad jienense de Andújar ha provocado una vez más que los sindicatos policiales clamen contra la falta de protocolos claros para afrontar situaciones peligrosas, lo que genera dudas en momentos clave sobre el uso de su arma reglamentaria, así como por el anticuado Plan Nacional de Tiro o la falta de medios materiales para poder enfrentarse a según qué situaciones.
Una de sus reclamaciones que lleva años encima de la mesa es el de la distribución de pistolas eléctricas o táser, un sistema a medio camino entre el uso de las defensas de dotación y el arma reglamentaria. Las primeras solo se pueden usar a corta distancia y las segundas a distancias prudenciales y en ocasiones muy críticas. En situaciones intermedias, los táser permiten reducir a personas agresivas sin que los agentes pongan en riesgo su integridad física.
Precisamente, tras hacerse públicas las imágenes de la riña vecinal de Andújar que varios vecinos grabaron durante los momentos clave, pocas dudas quedan de que si los agentes hubieran dispuesto en ese momento de un táser o pistola eléctrica podrían haber reducido desde una distancia prudencial al vecino que amenazaba con un martillo y un cuchillo y la situación muy posiblemente no hubiera finalizado con dos personas muertas -un policía y el citado vecino-.
El Ministerio del Interior lanzó el plan para comprar este tipo de sistemas a la Policía Nacional en diciembre de 2019 y en 2020 se recibieron las primeras unidades. Sin embargo, no fue hasta mayo de 2022 cuando los primeros agentes con pistolas eléctricas salieron a la calle, exactamente, en Madrid. Fueron 85 agentes de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción) del cuerpo. A partir de ahí, el Gobierno se ha encargado de no facilitar más datos sobre el despliegue de estos sistemas.
Los últimos datos oficiales que se conocen indican que a mediados de diciembre de 2022 la Policía Nacional y Guardia Civil tenían en conjunto un total de 1.167 pistolas eléctricas y 1.350 cámaras de video vinculadas a las mismas, aunque no se desglosaba cuántas pertenecían a cada cuerpo. También que entre los dos cuerpos tan sólo sumaban 658 agentes que hubiesen pasado el curso de formación necesario para recibir la certificación policial que permite su uso.
Fuentes policiales han explicado a Libertad Digital que el número de táser o pistolas eléctricas que se encuentran en uso actualmente en la Policía Nacional es muy reducido y que se dan circunstancia de que hay comisarías donde han llegado las pistolas eléctricas pero los agentes no han dado el curso de formación necesario, por lo que están almacenadas, y otras donde sí se han dado los cursos de formación pero no han llegado las pistolas eléctricas.
Otras fuentes policiales añaden que también hay casos de comisarías donde los táser se encuentran almacenados pese a que los agentes del centro sí han recibido los cursos de formación y esto se debe a que en esos casos día hay pistolas eléctricas pero no las cámaras de acción que van asociadas a cada táser y que están conectadas a las mismas para dejar constancia grabada de cada vez que se emplean las mismas.
Los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil llevan dos años exigiendo al Ministerio del Interior que agilice la distribución de las pistolas eléctricas, porque creen que pueden ayudar a salvar vidas, pero el departamento de Fernando Grande-Marlaska no lo hace. Todos coinciden en que lo han hecho porque los tres socios vitales del PSOE en el Congreso en esta legislatura, Podemos, ERC y EH Bildu, están totalmente en contra de su uso.
Los táser llevan años en funcionamiento en muchas policías de países occidentales, aunque siempre en contra del criterio de los partidos de extrema izquierda. En España, la situación en similar. Partidos como Podemos, ERC o EH Bildu, que suelen agitar las calles para obtener réditos políticos, están en contra de ellas y, precisamente, intentaron prohibir su uso en la fracasada modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza.