El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos nuevas medidas destinadas a impedir que las Fuerzas Armadas pierdan capacidades operativas por el final del ciclo de vida útil o envejecimiento de materiales con los contaba hasta la actualidad o todavía cuenta. El total, permite al Ministerio de Defensa comprometer pagos a largo plazo para un montante económico total cercano a los 2.000 millones de euros.
El programa con mayor compromiso de gasto es el dedicado a la compra de aviones de vigilancia y patrulla marítima, cuya cifra asciende a 1.730 millones de euros, y que supone la adquisición de 16 aeronaves Airbus C295W, especializados en estas funciones, que vendrán a sustituir a los Orion P3 del Ejército del Aire y el Espacio que han sido dados de baja en los últimos años, lo que mermaba de manera importante la capacidad de control marítimo, y a los viejos CN-235.
Los periodos de pago, según explica la propia referencia del Consejo de Ministros, se extenderán entre los años 2023 y 2031. El gasto aprobado para este año es de 50 millones de euros. En 2024 será de 110 millones, en 2025 de 130 millones, en 2026 de 140 millones, en 2027 de 260 millones, en 2028 de 320 millones, en 2029 de 270 millones, en 2030 de 300 millones de euros y, en 2031, de 150 millones.
El segundo programa aprobado es la compra de 4.500 vehículos todoterreno tácticos, cuyo objetivo es "satisfacer los cometidos tácticos que se alejan de actividades inherentes al combate, para la vida y funcionamiento en territorio nacional, así como para la preparación de los contingentes a proyectar a misiones en el extranjero, elemento imprescindible para ese cometido", según ha explicado desde el Ejecutivo.
El montante económico total de esta operación es de 315,6 millones de euros que deberán pagarse en cuatro años fiscales desde la firma de la formalización del contrato, aunque se contempla la posibilidad de que este periodo máximo pueda prorrogarse dos años más y estos vehículos puedan pagarse finalmente en seis años.