Con una mano el Gobierno de Pedro Sánchez exigía el castigo máximo contra Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso y con la otra presentaba una denuncia que sabía de antemano que hacía casi imposible al Tribunal Administrativo del Deporte avalar la suspensión o inhabilitación por tiempo elevado del presidente de la Federación. ¿Por qué?
Una denuncia presentada por el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol, Miguel Ángel Galán, el 30 de mayo de 2022 ante el Juzgado de Instrucción de Majadahonda puede aportar pistas. Esa denuncia recogió la petición de investigación judicial sobre unas supuestas "grabaciones clandestinas a ministros y cargos del Gobierno de Sánchez" que habría estado realizando "durante los últimos cuatro años" Rubiales con "conversaciones comprometedoras con diferentes miembros del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos". El Consejo Superior del Deporte (CSD) nunca ayudó a llevar esa denuncia ante el propio Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), pese a su gravedad. El CSD depende del ministro de Sánchez, Miquel Iceta. Y es el mismo que ha llevado la denuncia por el beso de Rubiales ante el TAD basada en una norma que sabía que no permitía la sanción que decía reclamar.
La denuncia de Galán dejo constancia de una noticia publicada en prensa por aquellas fechas por El Confidencial: la que reflejaba "las grabaciones clandestinas a ministros y cargos del Gobierno de Sánchez" por parte de Rubiales. La acusación implicaba que "Luis Rubiales escondía grabaciones de conversaciones privadas con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez. El archivo sonoro del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se remonta al menos a mayo de 2018, cuando llegó al cargo en sustitución de Ángel María Villar, y se extiende hasta la actualidad. Algunos de esos audios contienen comunicaciones telefónicas, pero Rubiales también habría grabado reuniones presenciales con ministros y altos cargos del Ejecutivo". Y Galán decidió llevar esas noticias ante la Justicia ante la evidente gravedad potencial de los actos denunciados.
Galán también quiso llevar esas denuncias ante el CSD, dependiente del Ministerio del Deporte del Gobierno de Pedro Sánchez, pero se encontró con la negativa del máximo responsable del CSD y secretario de Estado, José Manuel Franco, como ya ha publicado Libertad Digital.
Aquello ocurrió hace algo más de un año. Cuando no había ni rastro del polémico beso. Pero ahora hay beso, hay investidura, hay presiones del grupo de Podemos dentro de Sumar a Sumar, y de Sumar al Gobierno y de todo el feminismo a toda la opinión pública. Y las cosas han cambiado.
Y, justo en medio de todo ello, el Gobierno no ha dejado de asegurar que hacía todo lo que podía contra Luis Rubiales. Pero cada paso que han dado sus organismos, como el Consejo Superior de Deportes, ha delatado que el Gobierno de Pedro Sánchez parece tener miedo de la salida de Rubiales y de la información que pueda poner en circulación en un momento en el que el fútbol español ha vivido desde escándalos de cobros de comisiones por valor de 24 millones, hasta compras de árbitros en el Barçagate o denuncias de desvíos de fondos para fiestas con "chicas jóvenes".
El primer denunciante de Rubiales, Miguel Ángel Galán, ha desvelado, de hecho, que la petición de su denuncia no ha sido recogida íntegramente en el texto presentado por el CSD al Tribunal Administrativo del Deporte. Y el cambio ha consistido en una sustitución de la ley en base a la que se reclama la sanción de forma que algunos de los comportamientos de Rubiales impliquen una pena menor. De hecho, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha decidido este viernes calificar de "falta grave" el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, por lo que el Consejo Superior de Deportes no podrá suspenderle, ya que para ello la falta debía ser "muy grave".
Para colmo, Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, ha comparecido ante los medios tras conocer la decisión del TAD y lo ha hecho para anunciar que el CSD, ahora sí, pedirá la aplicación del artículo 102 de la misma nueva Ley del Deporte de diciembre de 2022 de la que, además, no ha ha aprobado el desarrollo reglamentario pese a tener seis meses para hacerlo y haber incumplido esa exigencia. ¿Y qué dice ese artículo 102? Pues que existen unas "Medidas cautelares: En cualquier momento del procedimiento, el órgano competente para incoarlo podrá adoptar, mediante acto motivado y notificado a las personas o entidades interesadas, las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pueda recaer en dicho procedimiento, con respeto al principio de proporcionalidad". Y entre esas medidas se encuentran: a) Prestación de fianza o garantía. b) Suspensión temporal de servicios, actividades o autorizaciones. c) Cierre temporal de instalaciones deportivas. d) Suspensión temporal para ocupar cargos en entidades deportivas. e) Aquellas otras medidas que, para la protección de los derechos de los interesados, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la resolución".
Pero esas medidas no han sido exigidas hasta ahora. Y la gran pregunta es por qué. ¿Qué le pasa al Gobierno para actuar a medias contra Rubiales pese a aparentar ante la opinión pública que hace todo lo que puede?