No sólo se negocia una vía plenamente separatista entre el PSOE y Junts de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Es que el acuerdo de objetivos es pleno entre ambas formaciones. Sea por el motivo que sea -por conveniencia o convicción de los socialistas-, lo cierto es que los negociadores socialistas han trasladado a los enviados de Junts su aceptación del rumbo a seguir. Y ese camino tiene dos pasos claramente identificados. El primero, la amnistía. El segundo, el avance hacia un referéndum separatista. El problema para terminar de cerrar un acuerdo que se encuentra muy avanzado es puramente jurídico: de encaje bajo la actual Constitución. Y es que los primeros que saben que ambas medidas son inconstitucionales son los propios equipos negociadores.
La amnistía no tiene cabida en la Constitución. Lo saben los negociadores de Sánchez, pero siguen negociando. Esa es la realidad. Y, de hecho, el obstáculo de "encaje constitucional" se ha convertido en el último escollo de un acuerdo que, a nivel meramente político, cuenta ya con la venia de ambas formaciones -PSOE y Junts-. "El problema es que Junts no se fía de la capacidad real del Gobierno para retorcer la Constitución hasta el punto de encajar una amnistía que es netamente inconstitucional", explica a LD una fuentes conocedora de la evolución de las negociaciones. Y si ese es el estado del "encaje" de la amnistía, qué decir de una "consulta o referéndum separatistas que supondría aceptar ya de facto una autodeterminación negada en pleno por la Constitución Española.
Dos artículos han sido especialmente analizados en esas conversaciones. El primero, el que define la soberanía nacional. Se trata del Artículo 1. 2: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". El segundo es el artículo 2: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
Y una mera lectura de ambos ofrece una idea de la brutalidad que supone aceptar un referéndum de un "pueblo no soberano, porque no es el nacional, para decir cuestiones de pura soberanía nacional" y que sólo puede tener un fin, que es la voladura de "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Por la parte de la amnistía la cuestión es parecida -no sólo viola la igualdad ante la ley del artículo 14, sino también la prohibición expresa de un indulto general recogida en el artículo 62-. De hecho, la regulación de una posible amnistía fue abordada en el proceso constituyente, cuestión que igualmente ha sido recordada en esas conversaciones en base a los informes jurídicos aportados. Y la aceptación de esa posibilidad -la amnistía- dentro del marco de la Constitución Española fue rechazada en reiteradas ocasiones durante los trabajos de elaboración de la Carta Magna. Primero fueron los ‘padres’ de la Constitución los encargados de rechazar esa vía. Y, más tarde, quedo plasmado en la propia tramitación al rechazarse dos enmiendas que plantearon conceder este poder de aprobación a las Cortes Generales, tal y como consta en los documentos parlamentarios recopilados tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977, la Ley para la Reforma Política, y la sesión de aprobación de la Constitución, junto con el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978.
Por todo ello, es por lo que Pedro Sánchez ha pedido al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que colabore en secreto con el Gobierno en la elaboración de la ley de amnistía: una irregularidad brutal a la vista de la necesaria independencia que debería tener el magistrado el enjuiciar la amnistía que negocia el Gobierno con los separatistas. Pero lo cierto es que desarrolla esta función, precisamente, para intentar asegurar que la propuesta sea aceptada por los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional.