El 74,9% de los participantes en la votación sobre la investidura de Pedro Sánchez llevada a cabo en el Consell de la República se muestra partidario de bloquear las negociaciones y dejar al líder socialista en la estacada y sin los votos de los diputados independentistas. El resultado se decanta de manera abrumadora por cortar de raíz los contactos de los negociadores de Puigdemont con los socialistas y regresar a las posiciones políticas de rechazo absoluto a cualquier participación en la política nacional.
Sin embargo, sólo ha participado en la consulta un 4,45% del censo, cifrado en 90.481 personas. En total, 4.021 votantes. Frente a los partidarios de romper y bloquear, un 24,9% se ha mostrado a favor de negociar e investir a Sánchez y un 0,2% ha votado en blanco.
La pregunta que se planteaba a los afiliados del Consell de Puigdemont era la siguiente: "¿El Consell de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?". La respuesta supone un correctivo para el expresidente catalán fugado, cuyo entorno se ampara en la baja participación en la consulta, propiciada por una petición individual que obtuvo el aval del 1% de los socios de la entidad, generalmente considerada un chiringuito a mayor gloria de Puigdemont y al margen de los partidos.
De hecho, ERC no se siente en absoluto concernida ni por la consulta ni por el resultado mientras que en Junts ya han dejado claro también que las decisiones del Consejo de la República son ajenas a la dinámica negociadora del partido. El resultado, por tanto, no es vinculante ni supone la más mínima alteración de la agenda negociadora del partido de Puigdemont, si bien pone de manifiesto el distanciamiento entre los elementos más activos del "Consell" y quien hasta ahora era su líder indiscutible.
Ambiente crispado
En las últimas semanas han surgido muchas voces críticas dentro del Consejo de la República. Primero porque Puigdemont decidió disolver la asamblea de la entidad (una especie de parlamento paralelo al autonómico) para montar una nueva estructura organizativa (para lo que sí logró el aval de la entidad en una votación similar a la cerrada ahora) que fuera más eficaz y operativa. Y en segundo lugar, por la propia negociación de la investidura de Sánchez a cambio de la amnistía y de dejar en reposo la cuestión de la unilateralidad independentista. También se acusó al vicepresidente del Consejo, el exconsejero del gobierno catalán Toni Comín, también fugado, de haber utilizado recursos de la entidad a su favor.
En medio de ese ambiente de cierta crispación se daba por descontado que el resultado de la votación sobre la investidura sería contrario a la negociación. El Consell podría tener los días contados si Puigdemont desoye la votación y sigue adelante en su propósito de investir a Pedro Sánchez. De hecho, la entidad se había convertido en una herramienta de escasa utilidad y proyección, plagada de personajes descolgados de ERC y Junts que se habían aferrado a la organización a fin de no perder comba en sus aspiraciones de lograr un cargo.