El Poder Judicial se encuentra en alerta máxima tras conocer las concesiones de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes en el acuerdo de investidura que han suscrito este jueves PSOE y Junts.
Dicho acuerdo afirma textualmente: "La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts anticipa la creación de comisiones de investigación parlamentarias contra jueces que hayan investigado o juzgado el golpe del 1-O. ¿Se investigará a los jueces del TSJ de Cataluña en el Parlamento catalán y a los magistrados del Tribunal Supremo en el Congreso de los Diputados? Nos vamos directos al abismo, no hay palabras para describir lo que ha aceptado Pedro Sánchez".
"El concepto lawfare (guerra judicial) es un eufemismo para acusar a los jueces de prevaricación. El acuerdo de investidura suscrito es infinitamente peor de lo que parecía. Se ha abolido totalmente el Poder Judicial. Tras esto, acaban con la Constitución y mandarán a la cárcel a los jueces varios años por haber aplicado la Ley", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el acuerdo con Junts es sólo el aperitivo de lo que cabe esperar con la Ley de amnistía sobre el 1-O que presente el Gobierno en los próximos días. ¿De verdad se atreverá Cándido Conde-Pumpido a avalarla en el Tribunal Constitucional?".
El número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, firmaban el acuerdo para investir a Pedro Sánchez a cambio de los 7 votos del partido del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. Los socialistas se comprometen también a que "Junts proponga la celebración de un referéndum de autodeterminación". Además, el PSOE no promulgará el sí, pero defenderá "el amplio desarrollo del Estatut de 2006 así como un amplio despliegue".
El delito de prevaricación contra los jueces conlleva prisión
El delito de prevaricación por el que se podrían exigir responsabilidades penales a los jueces viene recogido en el artículo 446 del Código Penal. El juez o magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será castigado:
1.º Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el reo en causa criminal por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
2.º Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta contra el reo dictada en proceso por delito leve.
3.º Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier otra sentencia o resolución injustas.
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