El Tribunal Supremo considera "incompatible con la independencia judicial" fiscalizar la labor de los jueces. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, reunida en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad el siguiente comunicado:
1.- Recuerda que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes.
2.- Afirma que el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley.
3.- Enfatiza la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones. Ve incompatible con ella la fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "este comunicado se ha aprobado antes de conocer el texto sobre la Ley de la amnistía del 1-O". Se fundamenta en el acuerdo de investidura que suscribían este jueves PSOE y Junts. En ese texto se hacía referencia a las comisiones de investigación parlamentarias a jueces por "lawfare" (guerra judicial).
Dicho acuerdo afirmaba esto textualmente: "La Ley de Amnistía, para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Tras conocerse el texto de la ley de amnistía, fuentes del Supremo han insistido en sus críticas. Recuerdan que con la legalidad vigente, el trabajo de jueces y magistrados era perseguir los delitos cometidos en el marco del 1-O y que esta norma supone "tirar a la basura".
Las fuentes citadas por Europa Press denuncian además que, en contra de lo que defiende el propio texto, se trata de "un traje a medida" para los líderes del 1-O y sus colaboradores. Se trata, apuntan, de una "barbaridad" que "supone acabar con la Justicia" por la que esta sede judicial ha estado trabajando los últimos seis años.
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