El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Óscar Puente, se ha estrenado en el cargo con un serio problema derivado de uno de los pagos políticos por la investidura de Pedro Sánchez: el traspaso a la Generalidad de Cataluña de la competencia del servicio de tren de cercanías. Un movimiento político que generó malestar en los sindicatos de Renfe y Adif, que llamaron rápidamente a la huelga.
La huelga iba a empezar este mismo viernes, iba a durar cinco días y a secundar la misma estaban convocados 15.000 trabajadores. Sin embargo, Puente se implicó personalmente en las negociaciones con los sindicatos y en la noche del jueves al viernes consiguió desbloquear la situación. La huelga no se ha llegado a producir este viernes, aunque la tardanza en desconvocarla sí ha provocado algunos problemas.
El nuevo ministro ha desvelado esta mañana en los micrófonos de la emisora catalana RAC1 que antes de iniciar la negociación habló por teléfono con el presidente de la Generalidad para obtener su "visto bueno". "Antes de sentarme con los sindicatos, lo primero que hice fue llamar a Pere Aragonés. Le expliqué la situación y recibí su visto bueno", ha explicado.
"No vamos a cometer ningún tipo de deslealtad" respecto al acuerdo firmado con ERC, ha apuntado el ministro, que ha distinguido entre los acuerdos de tipo político firmados entre PSOE y ERC y la garantía que al mismo tiempo tendrán los sindicatos de formar parte de mesas de diálogo de carácter profesional.
Posteriormente, en una entrevista en "La Mirada Crítica" de Telecinco, recogida por Efe, y en referencia al traspaso al gobierno de Cataluña de Rodalíes, Puente ha señalado que "es un reconocimiento expreso de que a lo largo de la negociación que culmine con el traspaso vamos a mantener a los sindicatos en todo momento en la mesa". Los acuerdos "respetarán los derechos laborales" de todos los trabajadores afectados, "nada que no esté contemplado en la ley", ha explicado.