La petición no es nueva y lleva varios años encima de la mesa. Los sindicatos policiales quieren que los agentes del cuerpo que prestan servicio en las calles de las ciudades lleven cámaras de grabación personal cuando realizan su trabajo. De este modo, sus actuaciones quedarán filmadas y guardadas para poder resolver cualquier polémica sobre su trabajo o fijar de una manera más fehaciente los delitos que se han cometido.
Este lunes la ha vuelto a hacer el Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los mayoritarios dentro del cuerpo, que ha puesto la "necesidad imperativa de reformar y armonizar las leyes" para que los agentes puedan empezar a portar este tipo de dispositivos. Piden la redacción de un protocolo que garantice la seguridad jurídica mientras se moderniza la ley actual sobre el uso de cámaras por las Fuerzas de Seguridad en espacios públicos, que tildan de "anacrónica".
"Ningún ciudadano debería dudar de la actuación policial, pero los avances ofrecen una solución infalible que garantiza una mayor seguridad jurídica para ambos, evitando de esta manera campañas de desprestigio, calumnias e incluso denuncias falsas por la utilización de forma sesgada de imágenes de agentes que no muestran la totalidad de lo acontecido, lo que provoca un desacertado juicio de valor con la intervención policial", plantean.
"Para ello es necesario habilitar un marco normativo que elimine la cadena burocrática de autorizaciones a las que nos somete la Ley Orgánica 4/97 así como la Ley Orgánica 7/2021 siendo necesario la armonización con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya permite la captación de imágenes a los agentes de la Policía Judicial en el artículo 588", continúan desde el sindicato.
"Pero ello puede suponer de forma paradójica, que un policía que graba motu proprio una intervención policial y ponga esas imágenes a disposición judicial, sirviendo éstas a la postre al juez para resolver el asunto, se vea sometido a una sanción conforme a su régimen disciplinario policial por no haber seguido el cauce inflexible al que someten las grabaciones policiales", añaden.
El sindicato propone "una reformulación de la normativa actual, eliminando trabas y estableciendo un protocolo claro para el uso de los cámaras en cualquier tipo de intervención policial sin limitaciones, como, por ejemplo, las que obligan a que exista ‘un peligro concreto’, pues no pocas intervenciones policiales comienzan sin ser peligrosas y terminan con un resultado de muerte. O también eliminar la obligación de que sea el Delegado del Gobierno o el responsable operativo de las FCSE quien autorice el uso de las grabaciones móviles".