El Gobierno de Pedro Sánchez controlará la Sala responsable de tramitar las eventuales querellas que se presenten contra los magistrados del Tribunal Supremo tras asaltar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dicha Sala es denominada "Sala del 61" al estar regulada por el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Esta Sala especial está formada por un total de 16 magistrados. Entre ellos, el presidente del Supremo, los presidentes de las cinco Sala y el magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Según el artículo 61 de la LOPJ, la citada Sala conocerá "de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los presidentes de Sala o contra los magistrados de una Sala, cuando sean juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen. En estas causas se designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de la misma para enjuiciarlos".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que "la Sala del 61 quedará bajo el control del Ejecutivo tras la designación de nuevos jueces izquierdistas en el Alto Tribunal. Todo ello, después de que el Gobierno asalte el CGPJ tras modificar la Ley para designar a los vocales o bien pacte su renovación con el Partido Popular. La Sala del 61 es la puerta de entrada a las posibles querellas que se presenten contra los magistrados del Supremo con el pretexto de la lucha contra el supuesto lawfare pactado por PSOE y Junts".
"En la actualidad, la posibilidad de que prosperase una querella contra los magistrados del Supremo que participaron en la instrucción o enjuiciamiento del 1-O sería imposible. Sin embargo, cuando el Ejecutivo trufe el Supremo de jueces izquierdistas afines de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y tengan mayoría en la Sala del 61, habrá muchas posibilidades de que las eventuales querellas que se presenten sigan adelante", añaden.
El Supremo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y un total de 79 magistrados. Estos se distribuyen de la siguiente forma: 10 en la Sala Primera (civil), 15 en la Sala Segunda (penal), 33 en la Sala Tercera (contencioso-administrativa), 13 en la Sala Cuarta (social) y 8 en la Sala Quinta (militar). Entre estos magistrados, se encuentran a su vez los presidentes de cada una de las cinco Salas. Actualmente hay 24 plazas vacantes en el Supremo, especialmente se localizan en la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "la colonización del Supremo por parte del Gobierno de Sánchez no sólo tendrá consecuencias para la Sala del 61, también afectará de lleno a la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) en la que hay mayor número de plazas sin cubrir y a la Sala Cuarta (Social) en la que la vicepresidenta Yolanda Díaz tiene un especial interés en controlar para sus objetivos políticos".
Recordamos que cuando se renueve al CGPJ actual, el siguiente Gobierno de los jueces designará a un total de 48 magistrados del Alto Tribunal, que suponen más del 60% de todos los efectivos del Supremo.
La AF defiende al CGPJ frente a la UPF y JJpD
La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, recriminaba la semana pasada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) que pidieran la dimisión en bloque del presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para forzar su renovación, pendiente desde hace cinco años, al considerar que de esta forma han hecho recaer sobre ellos la responsabilidad de la misma.
"Es inadmisible que la responsabilidad de la renovación del CGPJ se haga recaer en los vocales", afirmaba la presidenta de AF, Cristina Dexeus, en un comunicado. Dexeus recordaba además que la renovación del CGPJ "corresponde al Congreso y al Senado". Juezas y Jueces para la Democracia apenas representan al 8% de la Carrera judicial.
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