Los jueces cometerían un delito de revelación de secretos si declaran sobre materias reservadas en las comisiones de investigación parlamentarias impulsadas por el PSOE y sus socios de legislatura para luchar contra el supuesto 'lawfare' (guerra judicial).
El Partido socialista y Junts acordaron organizar dichas comisiones a cambio de investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: "Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prohíbe a los jueces declarar en las comisiones de investigación parlamentarias si son citados. Si lo hicieran, podrían cometer una falta muy grave o grave". En este contexto, el artículo 399.1 de la LOPJ señala que "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los Jueces y Magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia", mientras el artículo 396 afirma que "los Jueces y Magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones".
Por su parte, el artículo 417 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial recoge como falta muy grave: "La revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona". Mientras, el artículo 418 de la LOPJ se refiere a la falta grave en estos términos: "Revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta cuando no constituya la falta muy grave del apartado 12 del artículo 417 de esta ley".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "los jueces además de incurrir en una posible falta grave o muy grave, podrían incluso cometer un delito de revelación de secretos si comparecen en las comisiones de investigación parlamentarias sobre el supuesto ‘lawfare’, desvelando informaciones o materias reservadas". Esto podría suceder si declara ante el Parlamento catalán el magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, para hablar sobre el caso Pegasus, en su condición de haber sido el juez de enlace con el CNI.
Dicho delito viene expresamente recogido en el artículo 417 de Código Penal. Se considera delito de revelación de secretos el acto de revelación de secretos o informaciones que el funcionario o autoridad pública tenga conocimiento por razón de su cargo y no deban ser publicados y divulgados fuera de la escena de actuación que le es inherente por razón de ese cargo que ostenta. En este sentido, la revelación de secretos de funcionario público está tipificada con una multa de doce a dieciocho meses y la inhabilitación especial del cargo público por un tiempo de uno a tres años.
El Pleno del CGPJ aborda esta semana la citación de jueces
Nueve vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitaron la semana pasada la inclusión en el orden del día del próximo Pleno ordinario de este jueves que se aborde la "legalidad de las comisiones Parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los Jueces", así como el "examen de las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes Poderes del Estado: legalidad de las comisiones Parlamentarias de investigación y deber de comparecencia de los Jueces".
Según dichos vocales, "el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los Jueces y Magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones Parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial, exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho".
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com