El decreto sobre la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del Ejecutivo de Pedro Sánchez "no aporta nada nuevo, pero muestra el temor del Gobierno a la UE por la tramitación de la Ley de amnistía sobre el 1-O".
Este miércoles, el Congreso de los Diputados vota tres reales decretos relacionados con medidas anticrisis, apoyo al empleo y la Justicia aprobados por el Consejo de Ministros en diciembre. Este último decreto ómnibus recoge una modificación del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afecta las cuestiones prejudiciales que se presenten ante el TJUE y por tanto, a la aplicación de la Ley de amnistía sobre el 1-O. "El auto de planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acordará la suspensión de las actuaciones hasta que conste en autos la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decida la cuestión prejudicial o se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial", señala el texto.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital destacan que "el decreto sobre la Justicia no aporta nada nuevo, ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ya recogía la posibilidad de dejar en suspenso un procedimiento al presentarse una cuestión prejudicial ante el TJUE. En realidad, dicho decreto sólo contribuye a clarificar y evitar cualquier discusión jurídica abocada al fracaso que se pudiera plantear al respecto, pero la suspensión temporal por la presentación de una cuestión prejudicial ya se aplicaba desde hace muchos años en España".
"Cabe destacar que esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil fue incluida por el Gobierno en el decreto a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Es un hecho significativo que el Ejecutivo que tanto ha vilipendiado en los últimos meses al CGPJ actual por encontrarse en funciones, ahora acepte una propuesta del propio Consejo vinculada con la tramitación de la Ley de amnistía", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el decreto del Gobierno sobre la cuestión prejudicial muestra a su vez el miedo del Ejecutivo por la tramitación de la Ley de amnistía ante la propia UE y por la bola de nieve que crece sin parar por este asunto. Además, se automatizará la suspensión de los procedimientos relacionados con el 1-O y de paso, hace campaña para intentar lavar su imagen de cara a las próximas elecciones europeas tras las polémicas judiciales protagonizadas".
El partido del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont, Junts, ha anunciado su intención de votar en contra del decreto al considerar que contribuye a torpedear la aplicación de la amnistía. Este criterio no es compartido por el otro socio independentista catalán del PSOE, ERC, que ha anunciado que votará a favor del mismo.
Los tres reales decretos del Gobierno
El real decreto ómnibus sobre la Justicia recoge "medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" e incluye iniciativas en las materias de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Un amplio apartado del mismo está relacionado con la adaptación de la Justicia a las nuevas realidades digitales y su aprobación resulta imprescindible a la hora de percibir el cuarto desembolso de los fondos europeos, dotado con 10.000 millones de euros.
El segundo decreto que se someterá a votación tiene que ver con la aprobación de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Por último, el tercer decreto busca dotar de herramientas a los ciudadanos "para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía".
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