El último acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el partido del prófugo Carles Puigdemont supone otro paso adelante del separatismo en el desmantelamiento progresivo, pero acelerado del Estado en Cataluña. El traspaso de las competencias en materia de inmigración y extranjería ("delegación" de competencias según la terminología que trata de extender el Ejecutivo) puede ser el golpe definitivo contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, cuya expulsión de Cataluña reclaman con insistencia todas las fuerzas separatistas.
Si la Generalidad asume, tal como afirma Junts, la responsabilidad en la documentación afecta a inmigración, la expedición de los permisos de residencia, el control de los pasos fronterizos, de los puertos y aeropuertos, las funciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado quedarán reducidas prácticamente al Documento Nacional de Identidad (DNI), las especialidades marítimas de la Guardia Civil, los rescates en alta montaña y las atribuciones en materia de terrorismo que también corresponden a los Mossos d'Esquadra.
En la actualidad, la Policía Nacional ejerce en Cataluña funciones de control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros y todas las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración. Por su parte, la Guardia Civil presta servicios en los puertos y aeropuertos de la región, vigila el cumplimiento de la legislación relativa a armas y explosivos y colabora con los Mossos en materia de narcotráfico y tráfico de armas.
Gran parte de esas atribuciones desaparecerían con el traspaso o delegación de competencias que pactaron socialistas y separatistas para salvar los primeros decretos de Sánchez en esta legislatura. Y mientras ERC y Junts preparan inventarios sobre los bienes del Estado en Cataluña de cara a una eventual independencia, sientan las bases para convertir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en elementos residuales subordinados en todo momento a la Policía de la Generalidad, los Mossos d'Esquadra, cuya última "hazaña" consiste en disputar a la Guardia Civil las tareas de vigilancia y salvamento marítimo en la costa catalana.
El Gobierno trata de matizar a través del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la delegación integral de las competencias en inmigración con la excusa de que si bien es importante quién ejerce las competencias aún lo es más el hecho de que se tienen que ejercer dentro de las orientaciones que marca la Comisión Europea. "La política migratoria es una política europea y. por tanto, las orientaciones vienen de Europa. A partir de ahí, quien ejerce la competencia es importante, pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el pacto de migración europeo y de las orientaciones de la Comisión Europea", declaró este viernes Bolaños.
ERC muestra no pocas reticencias a la delegación de competencias, pero la presión de Junts resulta efectiva en la medida en que apela a la condición de "policía integral" de los Mossos d'Esquadra y a la capacidad de decisión que tendría la Generalidad sobre los denominados flujos migratorios.
La cuestión de "Aliança Catalana"
Junts se ha colgado una medalla con el traspaso de inmigración que refuerza su condición de alternativa a ERC y también resta espacio a los grupos y grupúsculos de extrema derecha del separatismo que pretenden afianzarse electoralmente explotando la inexistencia de un discurso independentista relativo a la inmigración.
El éxito de la formación ultraderechista y separatista "Aliança Catalana" en la localidad de Ripoll (en la que se formó el grupo terrorista que atentó en las Ramblas de Barcelona y en Cambrils en agosto de 2017) ha supuesto un toque de atención en el interior del movimiento independentista. Y fue Junts quien desactivó el cordón sanitario que el resto de las fuerzas trataron de imponer sobre dicha "Aliança Catalana" para impedir que pudiera gobernar en condición de lista más votada.
El primo de Pere Aragonès
Sobre esa formación corren toda clase de versiones. Una de ellas es que se trata de un partido impulsado en las sombras por ERC para dispersar el voto de Junts. Se da la circunstancia de que el principal estratega de ese partido es un primo del presidente de la Generalidad. Se trata del licenciado en Historia Jordi Aragonès, de la misma saga familiar franquista y hotelera de Pineda de Mar que Pere Aragonès.
Hace una semana, un grupo de alcaldes de Junts en la comarca del Maresme abogó por la expulsión de los inmigrantes multirreincidentes y por endurecer la retórica sobre la inmigración. Jordi Turull avaló esa posición. También Puigdemont, que ya reclamó el traspaso de la inmigración en el discurso del pasado septiembre en Bruselas en el que expuso sus condiciones para pactar la investidura de Pedro Sánchez.
PP, Vox y Ciudadanos ya han alertado del sesgo supremacista, xenófobo y racista del independentismo catalán en cualquiera de sus versiones, desde la conexiones genéticas de los catalanes con los franceses, que glosara Oriol Junqueras, a las definiciones sobre el hombre andaluz "incompleto" de Jordi Pujol. Los ejemplos son muchos y variados tanto en la vieja Convergencia, ahora Junts, como en ERC. También alertan de las exigencias lingüísticas que puede plantear la Generalidad a través del control de la inmigración, elemento que destacaron en sus valoraciones del acuerdo el secretario general de JxCat, Jordi Turull, y la jefa del grupo separatista en el Congreso, Míriam Nogueras.