Las pistolas táser no han dejado de generar polémica en España. Y no por su uso, sino por las limitaciones a él. Desde hace tiempo los sindicatos policiales han pedido su uso y asignación generalizado. Y el caso hecho por el Gobierno es visible: una pistola táser para cada docena de agentes y el sistema informático, además, no deja de bloquearse, como ha podido confirmar Libertad Digital.
Lo cierto es que los fallos informáticos se suceden en el momento del registro de la solicitud de la pistola y la cámara que deben portar los agentes cuando usan este arma. Y si el sistema no permite registrar la petición no hay manera de usarla. Los agentes consultados por Libertad Digital han confirmado los "fallos habituales" en el registro que acaban impidiendo el uso de las táser. De las pocas unidades puestas a disposición de la policía.
"Han dejado una pistola por turno: para cada tres coches de GAC y tres de GOR", señala una fuente policial. "Los GAC son los zetas, que dependen de la sala 091. Y para ellos hay una pistola táser para cada seis u ocho agentes, en caso de que salgan cuatro coches", añaden las mismas fuentes. "Pero es que a la vez salen tres coches que dependen de comisaría, los del GOR, que quedan también englobados en la misma táser que lleva el GAC. Es decir, que acaba siendo una pistola para cada 12 ó 14 policías", explican. Traducido: de facto no hay casi disponibilidad de este tipo de arma pese a la insistencia de los agentes. Y eso que es un arma que reduce las posibilidades de muerte por uso de la pistola de una forma más que considerable.
Pero el colmo ha llegado en los últimos días con los "fallos informáticos". "Llevamos unos días en los que casualmente no funciona la aplicación para registrar el uso de la táser. Y el resultado es que no se pueden sacar de servicio al no poderse dar de alta en el programa", explican a Libertad Digital. "El sistema falla y no te deja dar de alta la cámara y la táser, con lo que no se puede usar. Varios días con problemas y quejándonos y aquí no se hace nada", añade un agente.
Lo cierto es que hay partidos, como Bildu, que llevan tiempo metiendo presión sobre este tipo de armas. Y no para que se entreguen a la policía, sino para lo contrario. Los proetarras han solicitado hace ya más de un año datos de la entrega de pistolas táser a la Policía. La reclamación de información se ha dirigido directamente al Gobierno.
Y es que los proetarras están acumulando información con el fin de incrementar el control de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial, con un arma que permite a los agentes protegerse mejor sin miedo a generar víctimas mortales. Traducido: que es un arma que permite reforzar la función de garantía del orden público.
Bildu, en esta línea, ha lanzado desde hace tiempo la caza de brujas en la Policía con la exigencia de todos los datos de la entrega de pistolas táser a agentes. El cuestionario trasladado al Gobierno con ese motivo fue igualmente pormenorizado y reclamaba saber cuántas armas paralizantes (pistolas) táser han sido entregadas a la Policía Nacional, cuántas a la Guardia Civil, cuántas cámaras de vídeo vinculadas a las táser han sido entregadas, o cuántos cursos de utilización de este arma se han impartido en cada uno de ambos cuerpos policiales.
La estrategia de Bildu no parece muy disimulada. Ellos y el resto de socios del Gobierno de Pedro Sánchez siguen presionando para que el Ejecutivo apruebe definitivamente en el Congreso la futura Ley de Seguridad Ciudadana: la sustituta de lo que ellos llaman ley mordaza y que, realmente, parece destinada a convertirse en una, ahora sí, auténtica mordaza de quienes garantizan el respeto de los derechos y libertades y el cumplimiento de las leyes: la Policía.
Todos ellos —Bildu, ERC, Junts, Sumar, Podemos— quieren que esa norma se convierta en un mecanismo de privación de capacidad de actuación de los policías y guardias civiles en las actuaciones especialmente violentas, como las funciones antidisturbios y los ataques callejeros de los radicales. Y las táser van en la dirección contraria.