La trama rusa en el separatismo catalán demuestra, cada vez más, el grado de entrega de los independentistas a todo lo que les pidiera Moscú con tal de contar con su apoyo. Los últimos datos que recopila el Grupo Parlamentario Popular en la Eurocámara apuntan a la relación directa con dos espías a los que, a su vez, se les considera sospechosos de pertenecer a los grupos que asesinaron a Serguéi Skripal y su hija. Los dos espías pertenecen al GRU y fueron señalados en 2019 por el medio de investigación Bellingcat como agentes rusos presentes en Barcelona durante todo el transcurso del golpe separatistas del 1-O.
El medio en cuestión identificó en aquellas fechas al agente ruso Denis Sergeev, que habría estado en Barcelona entre los días 29 de septiembre y 9 de octubre de 2017, bajo una identidad falsa: Segéi Fedotov. De hecho, una de las líneas de investigación llevó a la comprobación de la presunta cooperación de este agente —como experto en sabotajes— con alguno de los miembros de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT) con el fin de ayudarles a preparar acciones terroristas.
Investigación de García-Castellón
Toda esa información llegó igualmente a la Audiencia Nacional, dentro de la causa de Tsunami Democratic que investiga el juez Manuel García-Castellón.
La línea de investigación, de hecho, destacó desde el principio los posibles movimientos de una unidad de élite del espionaje ruso en Cataluña con el fin de desestabilizar España y, con ello, la UE.
Fruto de esas investigaciones surgió la decisión de enviar a prisión a los siete CDR, por integración en organización terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos.
Y dentro de ella se analizó la denominada unidad 29155, del Departamento Central de Inteligencia de Rusia (GRU). Y es que el New York Times, en una información de aquellos días, ligó en un reportaje a graves casos de envenenamiento en el Reino Unido como el que en 2018 acabó con la vida del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija.
El caso Voloh
Todo ello se suma a las actuaciones del Juez Aguirre, que en el caso Voloh, cuenta ya con pruebas que avalan el deseo de la Generalidad catalana de estirar el Instituto Catalán de Finanzas para convertirlo en dos cosas: la primera se conocía ya por las investigaciones del 1-O y no era otra cosa que hacer nacer del Instituto el futuro Banco Central de la pretendida república catalana. La segunda es la que desvela la coordinación del plan separatista con Rusia: convertir esa institución en el mecanismo de blanqueo de fondos rusos. Y, por si fuera poco, esa misma documentación ha probado viajes a Rusia de enviados de Junts y encuentros con enviados rusos incluso en la residencia oficial de Carles Puigdemont en Barcelona.
Pero todo ello puede ser simplemente el anticipo de las pruebas por llegar. Porque, como explica el propio juez, "la abundante documentación administrativa adjunta (decenas de miles de folios)" se encuentra aún sin "revisar". Es decir, que el caso Voloh y el resto de documentación sobre las relaciones con Rusia pueden convertirse en todo un extenso testimonio del grado de intromisión de Moscú en el separatismo catalán.