ERC ha puesto encima de la mesa de Pedro Sánchez un plan completo de persecución a jueces, periodistas y policías por presunto lawfare. El plan incluye reformas legales para poder expulsarlos y sancionarlos. Y el objetivo aparece perfectamente determinado: jueces y policías que hayan realizado lo que ellos denominan lawfare contra el "independentismo vasco y catalán y la izquierda".
El plan, que cuenta ya con una proposición formal, exige que se "reconozca la existencia de casos en el Estado español de guerra judicial contra el independentismo catalán" y "contra el independentismo vasco". Es más, se exige un reconocimiento formal de algo que Pedro Sánchez ya ha admitido en entrevistas: que hay "guerra judicial contra partidos de izquierdas españoles".
Los pasos del plan implican un cerco pleno y una persecución por todos los flancos a los supuestos autores policiales, periodísticos y judiciales de esos falsos casos de lawfare.
Crear una Comisión Independiente
En primer lugar, recoge "crear una Comisión Independiente sobre los casos de guerra judicial en el Estado español. Esta Comisión será conformada por miembros elegidos por los Grupos Parlamentarios del Congreso de Diputados y tendrá que hacer un memorando de causas de guerra judicial desde la aprobación de la Constitución española, así como proponer medidas para acabar con estas prácticas y de resarcimiento de las víctimas".
Como la mayoría es de la izquierda, más proetarras y separatistas, tendrían garantizado poder escribir lo que quisieran.
Derogar la Ley Mordaza y acceso al CNI
El plan da otro paso: "Impulsar la derogación de la llamada Ley Mordaza, es decir, toda la
restricción de derechos contemplada en la última reforma de la ley de Seguridad
Ciudadana", con lo que limitarían la capacidad de actuación de la policía frente al delito.
ERC quiere igualmente acceso al CNI: "Impulsar la modificación de la ley reguladora del CNI, la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y la Ley de Secretos Oficiales (en este último caso, haciendo una de nueva para superar la ley franquista vigente), a fin de permitir el acceso a la
Información Pública con las únicas limitaciones previstas en la Constitución española vigente y por tiempo limitado".
Depurar las cloacas del Estado
Y pasa a la acción: "Depurar las cloacas del Estado, tomando las medidas legales, penales, administrativas, que procedan para castigar a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilícitas, o para separarlos de los sitios susceptibles de reincidencia en caso de prescripción del delito. En su caso, impulsando las medidas legislativas que permitan una lucha eficaz contra las cloacas".
Y, para poder determinar ellos sin problema quién es "cloaca": "Impulsar las modificaciones legislativas oportunas para prevenir, identificar, perseguir y castigar los abusos policiales y las ilegalidades cometidas por agentes policiales; e impulsar las modificaciones legislativas oportunas para prevenir, identificar, perseguir y castigar los abusos judiciales y las ilegalidades cometidas por jueces y agentes judiciales".
Consejo Profesional de Buenas Prácticas
ERC exige lo mismo para "garantizar la renovación a plazo de los órganos constitucionales como el CGPJ" y "crear, para los medios de comunicación de ámbito estatal, un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que, entre otras funciones, vele por evitar la desinformación, haga prevención contra las noticias falsas, y sirva para acreditar los medios responsables frente a los eventuales abusos y desfiguraciones de actores comunicativos dedicados a la propaganda, al libelo y la difamación, para garantizar el derecho constitucional a una información veraz. Los colegios profesionales y los ámbitos académicos serán los principales responsables de la gestión de este Consejo".