El Presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha firmado esta mañana el decreto que declara la emergencia social en la isla canaria ante la inacción del Gobierno de Sánchez frente a la inmigración irregular. Betancort ha denunciado la "falta de respuestas reales" por parte del Ejecutivo de Sánchez ante un problema que ha calificado como "asunto prioritario de extrema importancia".
Con la firma de este decreto, el Cabildo podrá tomar "decisiones extraordinarias y medidas urgentes" para rebajar las consecuencias de una "crisis sin precedentes".
Los datos que han motivado la decisión de acordar la situación de emergencia son claros: de enero a junio de este año, Lanzarote ha sufrido la llegada de cuarenta pateras; la última de ellas, con seiscientos inmigrantes, de los cuales cuarenta eran menores. A esas cifras hay que sumar los más de setecientos menores no acompañados que llegaron en 2023 a las costas de Lanzarote.
Las expectativas de cara a los próximos meses preocupan a las autoridades canarias, que esperan la entrada de, aproximadamente, setenta mil inmigrantes a través del archipiélago. Se prevé que siete mil de ese total sean menores, los cuales deberán sumarse a los cinco mil seiscientos que ya alberga Canarias actualmente. De cumplirse la peor de las previsiones que manejan en Canarias, el número de menores inmigrantes en situación irregular ascendería a dieciséis mil a finales de 2024.
Betancort ha recordado al Gobierno central que la crisis migratoria es "una cuestión de Estado" y que en Canarias necesitan una mayor presencia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de permitirles el uso de sus propias instalaciones.