La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que reclame al titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid Juan Carlos Peinado, todo el sumario sobre el caso Begoña Gómez antes de pronunciarse sobre si procede o no la admisión a trámite de la querella presentada contra el instructor por parte de la mujer del presidente del Gobierno Pedro Sánchez.
Según ha informado el Ministerio Público, se ha solicitado testimonio "íntegro" de las actuaciones en papel a fin de tener un conocimiento "pleno" de lo actuado antes de emitir informe sobre la querella presentada por Begoña Gómez, a la que el juez Peinado investiga por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
La Fiscalía añade que una vez que el TSJM reciba toda la documentación requerida, se le deberá dar traslado de nuevo para "informar sobre la naturaleza de los hechos y la procedencia o no de la admisión".
Esta misma solicitud efectuó la semana pasada la Audiencia Provincial de Madrid al juez Peinado antes de deliberar sobre el futuro judicial de la causa el próximo 30 de septiembre.
Fue el pasado mes de agosto cuando Gómez se querelló contra el juez Peinado por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público.
Su letrado, Antonio Camacho, señal en el escrito de 53 páginas que el juez pudo cometer el delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas en el momento en el que las pesquisas eran aun unas diligencias previas. Sostiene que habría trasladado a las acusaciones populares --Vox, Movimiento de Regeneración Política de España y Manos Limpias-- esas actuaciones procesales y esto propició que las mismas fuesen publicadas por diferentes medios de comunicación.
Esta querella se suma a la que presentó la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno contra el mismo juez por un presunto delito de prevaricación. Sobre dicha querella, la Fiscalía solicitó el pasado 11 de septiembre al TSJM que la admita a trámite asegurando que "no parece que estemos ante una simple discrepancia jurídica que pueda ser resuelta en el seno del procedimiento a través de los recursos interpuestos por el órgano superior".
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