Nuevo espaldarazo a la investigación judicial en torno al contrato del hermano de Pedro Sánchez, David Azagra. La Sección nº 1 de la Audiencia Provincial de Badajoz ha decidido respaldar la incautación de correos electrónicos en la Diputación de Badajoz en respuesta a los recursos interpuestos.
Según un auto de 29 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, "se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para adoptar esta medida". El auto señala que "en toda investigación por antonomasia existe una inicial indeterminación sobre los elementos del delito objeto de la misma, a cuyo fin sirven las diligencias que se puedan acordar".
"Observamos que la resolución ahora recurrida ha sido exquisitamente cuidadosa con la determinación del ámbito subjetivo y objetivo afectado, contra lo que dispone el recurso, motivando el cumplimiento de los anteriores requisitos. No podemos sino refrendar dicha motivación sin encontrar esa indeterminación y vulneración que refleja sin mayor justificación el recurso", añaden los magistrados.
"Es más, el Auto que resuelve la previa reforma abunda en ese cumplimiento de las garantías constitucionales y legales cuando afirma, en razonamientos de nuevo fundamentados, que no se está ante una investigación prospectiva pues el Auto determina ampliamente los hechos investigados y los indicios determinados ante una insuficiencia de la documentación remitida que igualmente se razonaba en el Auto inicial", destaca la Audiencia Provincial de Badajoz.
"La afectación del entorno digital de dichos afectados viene limitada claramente pues se refiere a comunicaciones realizadas solamente en el ámbito de su función laboral y además, para este procedimiento concreto del puesto de trabajo investigado. No hablamos así de correos particulares que pudieran referirse a su estricta intimidad", concluyen.
La noticia llega un día después del nuevo registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz en busca de más documentos en torno a la contratación del hermano de Pedro Sánchez en 2017. El objetivo de este registro, el tercero, era recabar nuevos correos electrónicos de trabajadores que pudieron estar implicados en el proceso de convocatoria de la plaza que obtuvo Sánchez y la redacción de las bases del concurso.
La investigación abierta en el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz arrancó a raíz de una denuncia de Manos Limpias contra David Sánchez Pérez-Castejón (o David Azagra, su nombre artístico) por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. La denuncia señalaba las irregularidades en torno a su contratación como coordinador de Actividades de los Conservatorios de la Diputación Provincial de Badajoz en 2017, cargo que después se transformó en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas y que le estaría reportando más de 50.000 euros anuales por los que además no tributa en España.
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