La magistrada apadrinada por Cándido Conde-Pumpido, Ana Ferrer, y otros dos magistrados izquierdistas del Tribunal Supremo, Javier Hernández y Susana Polo, apoyaron el ‘ultimátum’ a los magistrados del Tribunal Constitucional tras el ‘indulto encubierto’ a los dirigentes del PSOE condenados por el caso de los ERE.
Tal y como desveló LD, en las últimas fechas el Supremo ha lanzado hasta dos advertencias a Conde-Pumpido y a los demás magistrados izquierdistas del Constitucional de posibles futuras investigaciones por prevaricación. El primer acto redactado por el magistrado Andrés Palomo fue secundado por los magistrados Manuel Marchena, Antonio del Moral, Vicente Magro y la magistrada izquierdista Susana Polo. Por su parte, el segundo auto redactado por el propio Vicente Magro fue avalado por Marchena, Palomo y los magistrados izquierdistas Ana Ferrer y Javier Hernández.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la magistrada Ana Ferrer, perteneciente a la asociación judicial izquierdista Juezas y jueces para la Democracia, fue apadrinada por Conde-Pumpido para convertirse en presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Tras no lograrlo al ser elegida Isabel Perelló, Conde-Pumpido es el principal apoyo de Ana Ferrer junto al ministro de Justicia Félix Bolaños para que presida la Sala Penal del Supremo tras finalizar su mandato Marchena".
"El magistrado Javier Hernández es uno de los ideólogos más influyentes y reconocidos de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y está considerado un magnífico jurista. Por su parte, Susana Polo fue designada magistrada del Supremo por el apoyo incondicional de la citada asociación judicial izquierdista", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Conde-Pumpido ha pedido ayuda al Grupo Prisa para contrarrestar las críticas políticas y mediáticas recibidas especialmente en su última etapa de mandato al frente del TC. El diario ‘El País’ publicaba recientemente un artículo titulado ‘El PP y la derecha judicial lanzan una ofensiva insólita contra el Constitucional’ donde se mencionaba la citada advertencia del Supremo a Conde-Pumpido tras exonerar a los socialistas condenados por los ERE".
"Conde-Pumpido ha incluido en la ‘derecha judicial’ a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y a los magistrados izquierdistas Ana Ferrer, Javier Hernández y Susana Polo, ya que los tres firmaron sendos autos de advertencia al Constitucional. El presidente del Tribunal de Garantías está muy nervioso últimamente por las críticas recibidas por los medios críticos, los políticos y la opinión pública", concluyen.
Los ‘avisos’ del Supremo al TC de Conde-Pumpido
Los dos autos del Tribunal Supremo en los que se advertía al Tribunal Constitucional incluían estos párrafos: La justicia o injusticia de las resoluciones objeto de querella, por extralimitarse en las funciones legalmente encomendadas al Tribunal Constitucional en clara invasión de la interpretación de la norma penal sustantiva que compete a los órganos de la jurisdicción penal y, señaladamente, al Tribunal Supremo, desnaturalizando el recurso de amparo al convertirlo en una segunda casación sobre la subsunción de los hechos probados en la norma penal sustantiva; y elaborar una injusta doctrina sobre los elementos objetivos del tipo de injusto del delito de prevaricación, una primera objeción deriva del contenido del art. 4.2 LOTC: Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado.
En todo caso, ello no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión, pero sí estrecha los contornos en los que puede desenvolverse el examen de la injusticia que determine su subsunción en el delito de prevaricación. Precisa sobrepasar de manera patente la mera ilegalidad y contradicción con el Derecho, la imposibilidad de sostenerse mediante algún método aceptable de interpretación de le ley; en definitiva, resoluciones y sentencias que no observaren la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, sino que se trate, pura y simplemente, de producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad.
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