Varios centenares de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han concentrado este miércoles junto al Congreso de los Diputados en rechazo al desmantelamiento de sus cuerpos en las regiones de Cataluña, País Vasco y Navarra. Creen que el Gobierno les está arrebatando competencias en beneficio de las policías autonómicas en función de cuántos votos necesita en cada momento para aprobar las leyes que le interesa en la Cámara Baja.
En los últimos años, se han retirado a desactivadores de explosivos y expertos en montaña de Cataluña, País Vasco y Navarra, se ha aprobado la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, para que sea la Policía Foral la que se encargue de esas funciones, y se ha permitido que la Ertzaintza y los Mossos d´Esquadra empiecen a juguetear con las competencias marítimas mientras pasan a encargarse de la seguridad de los puertos y aeropuertos.
La última gota que ha colmado el vaso, más allá también de la futura salida del Seprona de la Guardia Civil de Cataluña, ha sido el acuerdo político entre el PSOE y Junts para transferir a la Generalidad competencias relacionadas con la inmigración ilegal, los permisos de residencia y la gestión de puestos fronterizos en la región, algo que tanto policías nacionales como guardias civiles han considerado un problema de seguridad nacional.
Bajo el lema "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se venden", la convocatoria ha estado avalada por los principales sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía (Jupol, SUP, SPP, CEP y UFP), así como por una abrumadora mayoría de las asociaciones profesionales del Instituto Armado (AUGC, AEGC, AIGC, APC, APROGC, ASES-GC, IGC, Union GC y UO), algunos con representación en el Consejo de la Guardia Civil y otras que ahora mismo no la tienen.
Los agentes han denunciado que "nos cambian como como si fuésemos cromos saltándose el artículo 149 de la Constitución"; han mostrado su malestar porque no están reconocidos como profesión de riesgo, algo con lo que sí cuentan los mossos, ertzainas o forales navarros; y que el Gobierno de Pedro Sánchez les "ignora" cuando piden la equiparación salarial con estos cuerpos policiales autonómicos.