Varios miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han salida este miércoles a las calles de España para mostrar su más absoluto rechazo a lo que consideran una "cesión ilegal de competencias" desde los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a las diferentes policías autonómicas. Un rechazo que se ha visualizado en concentraciones realizadas frente a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno en todo el territorio nacional.
En los últimos años, desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, el Gobierno y su grupo parlamentario han venido utilizando las competencias policiales como un instrumento de negociación con los partidos nacionalistas para poder aprobar en el Congreso de los Diputados las leyes que les interesaban en cada momento. Y es que, en minoría parlamentaria, si no pactaban no tenían aritmética parlamentaria para aprobar sus leyes.
Así, se han retirado a los desactivadores de explosivos y expertos en montaña de País Vasco, Cataluña y Navarra; se ha aprobado la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, para que sea la Policía Foral la que se encargue de esas funciones; y se ha permitido que la Ertzaintza y los Mossos d´Esquadra empiecen a juguetear con las competencias marítimas mientras pasan a encargarse de la seguridad de los puertos y aeropuertos.
La última gota que ha colmado el vaso, más allá también de la futura salida del Seprona de la Guardia Civil de Cataluña, ha sido el acuerdo político entre el PSOE y Junts para transferir a la Generalidad competencias relacionadas con la inmigración ilegal, los permisos de residencia y la gestión de puestos fronterizos en la región, algo que tanto policías nacionales como guardias civiles han considerado un problema de seguridad nacional.
Bajo el lema "Por la seguridad de todos, No a la cesión de competencias", han sido convocados por tres de los sindicatos representativos de la Policía Nacional (SUP, SPP y UFP) y por nueve asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, AIGC, APC, APROGC, ASES-GC, IGC, Union GC y UO), aunque no todas tienen en estos momentos representación en el Consejo del Instituto Armado.
Los agentes han mantenido que "van a seguir defendiendo las atribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al escenario que dibuja el acuerdo de Ley que han negociado Gobierno y Junts a cambio de brindar apoyos al Ejecutivo" y que "no hay que escatimar en esfuerzos y agotar todas las vías legales de las que se dispongan para evitar que este proyecto, que compromete la seguridad nacional y la frontera sur de Europa".
"Por más que traten de ocultar sus maniobras, la Plataforma –que agrupa a los tres sindicatos policiales y nueves asociaciones de guardias civiles– va a seguir exponiendo sus vergüenzas ante la opinión pública y ante la Unión Europea, no se detendrá la batalla frente a este acuerdo ilegal que por más que insistan en lo contrario, pone en riesgo nuestra frontera y nuestra seguridad nacional", han puesto de manifiesto en un comunicado conjunto.