La consejera de Derechos Sociales de la Generalidad catalana, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado este martes en el parlamento autonómico que "estamos en disposición de anunciar próximamente la gran transformación de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) que tiene pendiente desde hace más de una década, un plan de transformación que hará pivotar a toda la organización hacia la prevención, prevención de los malos tratos y los abusos en la infancia, pero también la prevención del desamparo trabajando intensivamente con las familias".
El gobierno catalán trata de salir así al paso del escándalo provocado por la violación de una niña de 12 años que estaba acogida por la Generalidad. Los hechos se produjeron entre 2020 y 2021, cuando la menor que vivía en un centro de la administración autonómica fue captada por un pederasta que la violó y la ofreció a otros pederastas.
Hasta que estalló el caso por la petición fiscal de 107 años para el cabecilla de la trama pederasta, la Generalidad había tratado de tapar las graves irregularidades cometidas por la DGAIA en la adjudicación de contratos a fundaciones del denominado tercer sector sobre las que recaen sospechas tanto sobre su funcionamiento interno como por los servicios que prestan.
Un informe de la Sindicatura de Cuentas relativo a los años entre 2016 y 2020 reveló toda clase de prácticas ilegales que ERC, responsable de la DGAIA en esos años, atribuye a situaciones excepcionales como la llegada masiva de menores migrantes. La consejera ha prometido que asumirá las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas (en esencia, cumplir las leyes en materia de contratos públicos) y ha reconocido que la DGAIA "en muchos casos se ha apoyado excesivamente en la externalización, funciones clave delegadas en el tercer sector, como, por ejemplo, el control de prestaciones económicas".
Defensa del 'Govern' Aragonès
Sin embargo, la consejera ha defendido la actuación del gobierno anterior, el presidido por Pere Aragonès, en estos términos: "Quiero poner en valor intentos de mejora en concreto que hizo el Gobierno Aragonés. Se realizó un análisis sobre cómo mejorar la calidad asistencial de los centros de menores; también se encargó un informe sobre cómo mejorar la gestión de casos de delitos cometidos por menores inimputables, propuestas útiles que, por distintos motivos, no llegaron a implementarse".
A pesar de la gravedad del caso de la menor violada y prostituida y a pesar de que según la defensora del pueblo de la región, Esther Giménez Salinas, no se trata de un caso aislado, la consejera ha llegado a decir que "donde sí se dio un salto cualitativo es en el abordaje de la violencia sexual hacia la infancia y la adolescencia. Pusimos en marcha el modelo Barnahus, un modelo de excelencia que nosotros hemos tenido la oportunidad de desplegar en toda Cataluña".
El modelo Barnahus (casa de los niños en islandés) es según la definición de la Generalidad un sistema que "ofrece una atención completa en un espacio seguro, reduciendo al máximo el malestar que pueden vivir los menores durante el proceso judicial. Además asegura una buena coordinación entre todos los servicios implicados, reunidos bajo un mismo techo".
Cambio de criterio
En cuanto a la "gran transformación" que promete la Generalidad, la consejera Martínez Bravo ha manifestado que "impulsaremos el redimensionamiento de los equipos, la tecnificación de los perfiles para velar por una buena gestión y la máxima calidad en la atención a la infancia tutelada y ex tutelada. Este plan de transformación recogerá el diagnóstico y las propuestas fruto de un consenso trabajado durante años entre entidades y expertos, pero que con demasiada frecuencia se ha quedado en un cajón. Y también incorporará todas las recomendaciones de la Síndica de Greuges, la Sindicatura de Cuentas, recogidas en sus diferentes informes". Esa incorporación de las recomendaciones supone un cambio de criterio por parte del PSC.
"Una transformación -añadió- que asegure que la Dirección General disponga de las herramientas y recursos adecuados para afrontar con eficacia todos los retos que hoy en día tiene la protección a la infancia. Llevamos meses trabajando en este plan, pero en los últimos dos meses, de manera mucho más intensiva, hemos podido hacer avances más importantes y les anuncio que la próxima semana podremos comunicar este plan de transformación integral de refundación de la DGAIA, porque este plan no puede esperar ni un día más".
Respecto al caso de la niña violada, la consejera ha insistido en que "hemos abierto un expediente informativo, he pedido la comparecencia voluntaria en el Parlament, hemos solicitado personarnos como acusación popular. También anuncié en sede parlamentaria que habíamos encargado una auditoría completa y hemos puesto en marcha una comisión de investigación junto a Esquerra Republicana y Comuns".