La Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y diversas Brigadas Provinciales, ha detenido en Gran Canaria a dos jóvenes de 18 y 19 años por su presunta implicación en la difusión sistemática de datos personales de representantes institucionales y políticos. Entre los afectados figuran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ministros, periodistas, expresidentes autonómicos, dirigentes de partidos políticos y cientos de militantes de distintas formaciones.
Las detenciones se practicaron este martes de madrugada en el municipio de Agüimes, concretamente en la zona de Arinaga. El principal investigado, Yoel O.Q., de 19 años, estudiante de Informática, residía con su familia en la calle Maninidra. Su entorno más próximo no sospechaba que, bajo el pseudónimo Akkaspace, gestionaba canales en Telegram desde los que se difundían listados con información sensible: números de DNI, domicilios particulares, teléfonos y correos electrónicos de numerosas personalidades públicas.
Yoel O.Q., presunto responsable de la obtención de la información
La investigación, dirigida por el magistrado Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, se inició el pasado mes de junio, tras detectarse las primeras filtraciones. Estas comenzaron en un canal de Telegram con más de 90.000 seguidores y continuaron en otro canal de menor audiencia tras la clausura del inicial. Según consta en el atestado policial, los datos difundidos se habrían obtenido mediante accesos ilícitos a fuentes de información como copias del censo electoral, así como bases de datos comercializadas en la red.
Las pesquisas sitúan a Yoel O.Q. como presunto responsable de la obtención de la información y la difusión de los contenidos, mientras que su compañero, Cristian Ezequiel S.M., alias Pakito, desempeñaba supuestamente labores de gestión de los cobros, realizados en criptomonedas con el objetivo de dificultar el rastreo. La comercialización de los datos personales se realizaba por importes que rondaban los 200 euros, con la promesa de acceso a listados adicionales de víctimas.
Los investigadores atribuyen a ambos la presunta comisión de delitos de terrorismo, terrorismo informático con finalidad desestabilizadora, amenazas a las instituciones del Estado, coacciones e intimidación a colectivos de especial relevancia institucional. Durante el registro de los domicilios, la Policía Nacional incautó una importante cantidad de material informático, soportes de almacenamiento, tarjetas SIM, monederos virtuales y dispositivos electrónicos, cuyo contenido será analizado de manera exhaustiva.
La orden judicial autoriza el acceso a cuentas y conversaciones en aplicaciones como Telegram, WhatsApp, redes cifradas como TOR, I2P o Freenet, así como redes sociales y cualquier otro servicio susceptible de albergar información relevante. De forma paralela, el magistrado decretó la intervención de los activos digitales y la localización de posibles fondos asociados a estas prácticas ilícitas.
María Jesús Montero, Yolanda Díaz o Félix Bolaños, entre los afectados
La investigación se ha mantenido bajo la máxima reserva debido al potencial impacto de estas filtraciones, que afectaron no solo a dirigentes políticos, sino también a periodistas y particulares. Entre las víctimas constan miembros del actual Ejecutivo, como las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro Félix Bolaños, la presidenta del Congreso Francina Armengol, y expresidentes como José Luis Ábalos.
Los detenidos fueron trasladados este martes a Madrid y está previsto que comparezcan ante la Audiencia Nacional en las próximas horas. Las diligencias siguen abiertas y se dirigen a esclarecer si contaron con la colaboración de otros individuos o redes que facilitaron el acceso a datos confidenciales y su posterior difusión.