En Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) siguen la táctica del poli bueno y el poli malo. El primero es Gabriel Rufián, que se desempeñó el pasado miércoles en el Congreso como el mejor de los diputados socialistas y sentenció que "tres listos" (en alusión a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán) no son motivo para que cese Pedro Sánchez. El papel de poli malo es para Oriol Junqueras, el presidente de la formación republicana y quien suscribió los pactos que permitieron la investidura de Pedro Sánchez primero y la de Salvador Illa después.
Este lunes se celebra la bilateral entre el Gobierno y la Generalidad programada para ratificar el traspaso de la gestión y recaudación del 100% del IRPF. Esa cesión forma parte del paquete que los socialistas llaman "financiación singular" de Cataluña y que para ERC es el "concierto económico solidario", la traslación a Cataluña del modelo vasco con la gestión y recaudación de todos los impuestos.
A la reunión asistirán por parte del Gobierno el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón. La vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero se ha borrado del encuentro y, en teoría, se opone a las pretensiones de ERC, partido que se remite al texto del acuerdo de investidura de Salvador Illa que alude a la "plena soberanía fiscal" de Cataluña, a una "relación bilateral con el Estado" y a "la recaudación, gestión y liquidación de todos los impuestos".
La justificación es, según el mismo acuerdo, que "Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera de largo lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios. Los diversos modelos de financiación autonómica han comportado graves deficiencias para Cataluña que se traducen en una insuficiencia financiera crónica que limita enormemente el gasto en políticas públicas como la salud, los servicios sociales, la vivienda o las infraestructuras".
También se alude a un "nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad" que facilite un "aumento sustancial y progresivo de la capacidad normativa en todos los tributos generados en Cataluña para poder adaptar el sistema fiscal a las necesidades del país y disponer de la cesión de los rendimientos de estos tributos".
Y eso es lo que va a exigir ERC, cuyo representante en la bilateral será Salvador Illa, el presidente de la Generalidad que depende de los votos republicanos. Lo que ocurra en la bilateral condicionará el futuro tanto de Pedro Sánchez como de Illa, según Junqueras. "Es evidente que nadie puede esperar llegar a nuevos acuerdos relevantes con ERC si no es capaz de concretar los acuerdos a los cuales ya ha llegado", indicó este sábado el dirigente republicano.
Para apuntar su posicionamiento anunció además que ERC presentará una propuesta de ley en el Congreso para asegurar la capacidad de recaudación fiscal por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña, un movimiento que podría poner en graves aprietos a Pedro Sánchez y María Jesús Montero. A modo de justificación, Junqueras reprochó al PSOE que lleve siete años en el Gobierno sin haber actualizado el modelo de financiación.
25.000 millones
Junqueras pretende que la Generalidad se quede con los 25.000 millones que se recaudan de IRPF en Cataluña como primer paso de un acuerdo que es mucho más ambicioso, ya que supone la "plena soberanía fiscal" a cambio de un cupo "solidario" cuya cuantía decidiría el propio gobierno catalán. En resumen, la desconexión financiera de España con la condonación de la deuda incluida. El dirigente republicano exige concreciones este mismo lunes, después de haber aceptado que se aplazara al 14 de julio una bilateral que se tenía que haber celebrado antes del 30 de junio, según los pactos entre socialistas y republicanos.
Este no es el único frente catalán que tiene ante sí el Gobierno, ya que Junts exige un poder judicial propio a cambio del apoyo a la denominada "ley Bolaños". La petición del partido del prófugo Carles Puigdemont consiste en aplicar en Cataluña un modelo judicial independiente cuyos preceptos se incluían en el Estatuto catalán de 2006 pero que fueron eliminados por el Tribunal Constitucional en 2010.