El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los dos sindicatos mayoritarios dentro de la Policía Nacional, ha presentado en las últimas horas una querella en el Tribunal Supremo contra la diputada de Podemos Ione Belarra. Le acusa de un presunto delito de odio y de otro de injurias graves contra la institución después de que la dirigente política asegurara que hay nazis en el seno de la Policía Nacional.
En el escrito presentado ante el Alto Tribunal, el sindicato sostiene que las afirmaciones de Belarra no son "meras opiniones políticas", sino un ataque frontal y generalizado contra los profesionales que integran el cuerpo y otras fuerzas del orden. Según la organización, las palabras de la diputada constituyen una "acusación genérica, falaz y gravemente ofensiva" que no puede quedar impune.
La querella incide en que las manifestaciones fueron difundidas por medios de comunicación de alcance nacional, lo que amplifica su impacto y puede fomentar un clima de rechazo, desprecio y hostilidad hacia los agentes. "Estas palabras no son inocuas", afirman desde el SUP, que recuerda que la diputada ocupa un cargo de representación pública y que, por tanto, sus declaraciones tienen un efecto directo sobre la percepción ciudadana.
El sindicato pone el foco en la gravedad de los hechos al considerar que Belarra ha tratado de vincular institucionalmente a la Policía con ideologías fascistas. Una imputación que, según el SUP, persigue "el descrédito, el desprestigio y la pérdida de legitimidad" del conjunto de los cuerpos policiales. A su juicio, se trata de un "temerario desprecio por la verdad" y una grave descalificación hacia una institución clave del Estado de Derecho.
La querella se fundamenta jurídicamente en dos preceptos penales: el artículo 504.2 del Código Penal, relativo a las injurias graves contra instituciones del Estado, y el artículo 510.1.a), que regula los delitos de odio. Según el sindicato, se ha producido una incitación indirecta pero clara al rechazo de todo un colectivo, lo que justificaría la intervención de la Justicia para proteger su honor e integridad.
El SUP concluye su escrito pidiendo al Tribunal Supremo que actúe con firmeza para "poner fin a esta injusticia" y defender el prestigio de los miles de hombres y mujeres que, día tras día, trabajan por garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. A su juicio, ni los policías ni la institución que representan deben tolerar este tipo de ataques, por muy aforados que sean quienes los emiten.