Junts ha logrado trasladar una parte de la dictadura lingüística de Cataluña al resto de España. El partido del prófugo Puigdemont ha pactado con el Gobierno de Pedro Sánchez una reforma lega para que el catalán sea obligatorio en los servicios de atención al cliente en los siguientes casos: empresas de más de 250 trabajadores, empresas que facturen más de 50 millones de euros anuales o empresas que con independencia de su tamaño presten servicios básicos de interés general.
Y todo ello tanto si están localizadas en Cataluña como en cualquier otro punto del resto de España. El partido separatista ha dado a conocer esta imposición en el trámite en el Congreso de la ley que regula los servicios de atención al cliente.
El Gobierno ha aceptado estas condiciones a pesar de que Junts se negó a dar su visto bueno a la reducción de la jornada laboral. El partido separatista ha exhibido su poderío en la negociación y fuera de la negociación. "Se asegura el derecho de la ciudadanía a ser atendida en catalán", han celebrado los separatistas.
Derechos exclusivos para catalanohablantes
De modo que un catalanohablante tendrá derecho a ser atendido en su lengua por una empresa andaluza, gallega o madrileña, pero un niño castellanohablante no tiene derecho a ser educado en su lengua materna en las escuelas catalanas.
Gobierno y separatistas han acordado que las personas que se dediquen al servicio de atención al cliente deberán recibir formación obligatoria en catalán porque ya no valdrá con responder en español "como mínimo" sino que tendrán que hacerlo en catalán si el cliente les habla en ese idioma. Y lo que rige para las comunicaciones orales será de obligado cumplimiento también en las escritas. De modo que decenas de miles de empresas en toda España tendrán que incluir en catalán en sus planes de contratación, formación y atención al público aunque se dediquen al público en general y no sólo al público catalanoparlante.
"Estas medidas suponen un cambio de paradigma, puesto que ponen por delante el derecho del consumidor a ser atendido en catalán sin que esto dependa de la buena voluntad de la empresa o de su ubicación territorial", han destacado en Junts. Empresas energéticas, telefónicas, aeronáuticas, ferroviarias, de autobuses, servicios postales, servicios financieros, aseguradoras y plataformas audiovisuales son las principales afectadas según la relación efectuada por el mismo partido.