El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se encuentra en la picota tras no conseguir salvar a la 'familia’ del presidente del Gobierno Pedro Sánchez de la justicia, ni sacar adelante las reformas para controlar el Poder Judicial.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, iniciaba este miércoles el procedimiento para que la esposa del presidente del Gobierno Begoña Gómez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín se sienten en el banquillo de los acusados ante un jurado popular por un delito de malversación. Todo ello, por la contratación de la propia Cristina Álvarez, que se dedicaba a cuestiones privadas de la esposa de Sánchez como recaudar el dinero de los patrocinios para la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el presidente del Gobierno elige a su ministro de Justicia para que solvente todos los problemas judiciales, incluso los personales. Bolaños está en el alambre porque no ha conseguido salvar a la ‘familia Sánchez’ de la justicia y el propio Sánchez se encuentra acorralado por numerosos casos de corrupción actualmente".
Además de que el juez Peinado haya iniciado el procedimiento para juzgar a Begoña Gómez por un delito de malversación a través del Tribunal del Jurado, este martes la Audiencia Provincial de Badajoz confirmaba el enjuiciamiento del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras su enchufe en la Diputación Provincial pacense.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ya acordó sentar en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Por si esto fuera poco, el que fuera mano derecha de Sánchez en el PSOE hasta poco antes del verano, Santos Cerdán, está encarcelado por su implicación en la trama Koldo, y su exministro de Transportes José Luis Ábalos está también imputado en la misma causa.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Bolaños tampoco ha conseguido hasta la fecha aprobar las diferentes reformas judiciales con las que Sánchez pretendía controlar al Poder Judicial y salvarse de sus propios casos de corrupción, las denominadas ‘Leyes Bolaños’".
"Su gestión como ministro de Justicia está siendo un absoluto fracaso para los intereses de Pedro Sánchez y el presidente del Gobierno no se lo va a perdonar", concluyen.
Las leyes Bolaños encalladas
La primera Ley Bolaños contempla modificar el sistema de acceso a la Carrera judicial y fiscal. El Ejecutivo pretende rebajar notablemente los criterios exigidos a jueces y fiscales en los exámenes de acceso y se permitiría la entrada masiva de jueces sustitutos, así como de otros juristas como abogados, funcionarios de Justicia o graduados sociales.
En segundo lugar, el Gobierno quiere sacar adelante la anunciada reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal que incluye una serie de medidas de maquillaje que esconden en realidad un mayor poder para el fiscal general del Estado, cercenando el contrapeso que ejerce el Consejo Fiscal. Lo más grave es que esta reforma otorgará a la Fiscalía la dirección de la Policía Judicial en las investigaciones, es decir, el Gobierno controlará a través de la Fiscalía a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) durante la instrucción.
La tercera reforma anunciada hace meses es la limitación de las acusaciones populares. No solo se delimitaría los delitos en los que cabe la acción popular, sino que se desnaturaliza su existencia al exigir que exista un ‘vínculo’ con el interés público, lo que supondría establecer un requisito de legitimación al procedimiento que precisamente es la negación de la acción popular. Por último, el pegamento de todas estas reformas es la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) que arrebatará la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales.
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com