El juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha solicitado a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria y financiera de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y del ex director general de Carreteras Javier Herrero, investigados por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones.
El magistrado ha acordado esta diligencia en un auto a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que esta unidad policial pueda elaborar un informe al respecto.
Se trata, según el instructor, "de investigar y constatar adecuadamente la ejecución de unas presuntas conductas delictivas que tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social son de una enorme gravedad".
Según Moreno, "no nos encontramos con una mera sospecha sino en la constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de las personas investigadas" en la comisión de delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, sin perjuicio de una posterior calificación.
Para el juez, de la investigación se infiere la existencia de indicios de criminalidad respecto a estos dos investigados, "que habrían tenido una relevante participación en la adjudicación irregular de contratos de obra pública en el seno del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (Mitma) entre los años 2018 y 2021".
El auto destaca, tal y como señalaba la UCO, que los hechos que dan origen a esta pieza separada han relevado que "José Luis Ábalos y Koldo García habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras, siendo Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad".
En línea con el Ministerio Fiscal, el magistrado considera que el fin perseguido por parte de los investigados en esta trama era obtener "un provecho económico" y por ello se hace precisa la obtención de la información solicitada por la UCO, a fin de determinar "si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere".
A través de estas diligencias, la UCO pretende conocer los productos financieros en los que estos dos investigados han figurado o figuran como titulares, autorizados o representantes, excluidas las cuentas relacionadas con la entidad pública Adif o entes vinculados a esta, y las de una comunidad de propietarios relacionada con el ex director general de carreteras, por carecer de interés para la causa.