Los datos del último balance de criminalidad del Ministerio del Interior han encendido todas las alarmas en el Partido Popular, que ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de permitir que la delincuencia "campé a sus anchas". El principal partido de la oposición ha subrayado que la criminalidad no sólo crece respecto al año pasado, sino que los delitos con mayor impacto social son los que experimentan los aumentos más significativos.
En su análisis, los populares destacan el incremento de agresiones sexuales con penetración, que suben un 4,6 por ciento, así como los secuestros, que se disparan un 13 por ciento. También alertan de la expansión de la ciberdelincuencia, que ya representa el 20 por ciento de todos los delitos registrados en España y que ha aumentado casi un 500 por ciento desde 2016, consolidándose como uno de los principales desafíos de seguridad.
El PP ha acusado directamente al Gobierno de este deterioro, denunciando plantillas policiales "tensionadas", falta de medios, tecnología obsoleta y un estancamiento en las remuneraciones de policías y guardias civiles. Ha sostenido que Sánchez prefiere "indultar, amnistiar y proteger a los delincuentes" antes que reforzar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuya labor consideran gravemente perjudicada por las decisiones del Ejecutivo.
La dirección del PP ha advertido de que la delincuencia crece mientras el Ejecutivo permanece "impasible", sin adoptar medidas efectivas para revertir la situación ni blindar a los agentes que patrullan las calles. Han denunciado que esta combinación de inacción política y debilitamiento operativo está agravando la inseguridad y dejando a los españoles más expuestos frente a la criminalidad, especialmente la más violenta.
Frente a lo que describen como una política de "brazos caídos" del Gobierno de Pedro Sánchez, el PP ha reivindicado la necesidad de elaborar una ley contra la multirreincidencia, con el objetivo de combatir a quienes delinquen de forma reiterada y recuperar el principio de autoridad frente a la creciente impunidad delictiva, que hace que los criminales no tengan reparos en enfrentarse a las Fuerzas de Seguridad.
El PP también ha planteado modificaciones profundas en el Código Penal para endurecer la lucha contra el narcotráfico y ampliar la capacidad del Estado para actuar contra redes criminales. Han considerado que la situación actual evidencia un vacío normativo que beneficia a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y erosiona la seguridad en zonas especialmente castigadas por este fenómeno.
Por último, han insistido en la necesidad de invertir más en recursos humanos, materiales y tecnológicos para reforzar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su propuesta pasa por dotar de más efectivos, mejorar el equipamiento operativo y garantizar una formación continua adaptada a los nuevos desafíos delictivos. "Se trata de proteger a quienes nos protegen", han explicado.