La sentencia del Tribunal Supremo que condena al fiscal general del Estado desarma la argumentación esgrimida durante meses por el Gobierno de Pedro Sánchez. Según los dirigentes socialistas, Álvaro García Ortiz sólo "había desmentido un bulo". Los magistrados del Supremo rechazan dicho pretexto con contundencia: "El Fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".
Según la sentencia del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, si bien las intenciones de García Ortiz pudieron ser las de desmentir una información falsa –que era la Fiscalía la que había propuesto el pacto a Alberto González Amador y no al contrario—, esas supuestas intenciones no exoneran al fiscal general de la comisión de un delito de revelación de secretos. Algo que parece evidente si se tiene en cuenta que el deber máximo del fiscal general es preservar el cumplimiento de la ley; un deber que, a ojos del Supremo, quebrantó sin justificación.
Así, la sentencia mayoritaria –existe un voto particular de las magistradas Ferrer y Polo— explica que, independientemente de las intenciones; el fiscal no podía divulgar un escrito "de reconocimiento de un hecho para evitar el juicio, incluso cuando el investigado ha insinuado un comportamiento del Ministerio Fiscal no procedente". "La negación de una noticia incierta no requiere la afirmación pública de la responsabilidad penal reconocida", aseveran los magistrados.
En este mismo sentido, subraya la importancia del deber de confidencialidad para que se cumpla el "necesario respeto del derecho a la presunción de inocencia y al derecho al proceso debido". Un derecho que se ha vulnerado al transgredir la intimidad de la víctima con "la divulgación de la información supone la expresión de culpabilidad de una persona que, aún, no ha sido sometida a proceso penal alguno". De hecho, esta divulgación supuso, como recuerda el órgano judicial, que varias personalidades públicas, incluidas el presidente del Gobierno titular de Justicia, Félix Bolaños, llamaran "delincuente confeso" a González Amador poniéndolo en punto de mira de la política nacional.
Asimismo, la sentencia destaca que el deber de confidencialidad de un FGE no desaparece por mucho que la información que él conoce por razón de su cargo ya se haya publicado; algo que la defensa argumentó durante el juicio para zafarse de la revelación de secretos que supuso la nota de prensa, que confirmó lo que ya se había filtrado a los medios. "Sobre el acusado pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación", aseguran los cinco magistrados de la sentencia mayoritaria.
El ejemplo del Supremo sobre un médico
De hecho, para ejemplificar este hecho, el Supremo pone como ejemplo un caso que podría darse en el día a día: si una persona padece una enfermedad de transmisión sexual y esto es algo que haya trascendido en su círculo de amigos, vecinos y compañeros de trabajo; el médico seguiría sin poder confirmar la información por mucho que sea de dominio público.
Así, la sentencia no comparte que la difusión de la nota informativa respondiese al deber a informar que tiene el Ministerio Público; ya que este deber siempre debe llevarse a cabo "con respeto al secreto de sumario y, en general, a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados". De la misma forma, apostilla que "informar a la opinión pública no es terciar en polémicas mediáticas asumiendo el sacrificio de los derechos que asisten a quien comunica al Fiscal su voluntad de llegar a un acuerdo de conformidad".
Todo ello, además, teniendo la posibilidad de reaccionar a la información falsa sin exponer al acusado como un delincuente; lo que ha servido a la izquierda para atacar al principal partido de la oposición sin tener en cuenta los perjuicios que esto le ha causado a González Amador.
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