La SEPI, Servinabar y el clan Hirurok: la operación que llevó a Leire Díez al calabozo puede explotar en 2026

La fontanera socialista Leire Díez fue encarcelada el pasado mes de diciembre, pero que la Guardia Civil le pusiera los grilletes no tenía nada que ver con sus labores como cloaquera del PSOE, sino por otro supuesto caso de corrupción que afectaría a varios Ministerios y que une a Servinabar —empresa de Santos Cerdán— aún más al PSOE.

Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el socio de Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso, supuestamente maniobraron para cobrar mordidas ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Algo que se investiga en la Audiencia Nacional y cuya causa es secreta; y sobre la que ni siquiera se sabía su existencia hasta la detención de la trama el pasado 11 de diciembre.

Se trata de una trama que tiene su seno en un grupo que se hacía llamar Hirurok, que en vasco significa "nosotros tres". Al menos, según ha podido saber Libertad Digital, esta trama investiga cinco adjudicaciones: una de más de 17 millones de euros otorgada por Sepides a la empresa Forestalia; un rescate proveniente de la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos S.A. valorado en 112,8 millones de euros; una adjudicación de más de 128.000 euros de Mercasa a Servinabar; una por valor de 2,8 millones de euros por la adjudicación por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de una Unión Temporal Empresarial (UTE) de la compañía de excavaciones Erriberri y Afesa Medio Ambiente; y, por último, un contrato de Enusa con un despacho de abogados sevillano por valor de alrededor de 35.000 euros.

Por su intervención en la concesión de rescates y adjudicaciones públicas, la trama Hirurok habría cobrado un total de 732.000 euros de comisión que habrían sido canalizados a través de la sociedad Mediaciones Martínez S.L.

En el marco de la investigación del caso, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en varias sedes dependientes de ministerios gobernados por dirigentes socialistas. En concreto, según pudo confirmar Libertad Digital, los agentes requirieron documentación en la sede del Ministerio de Transición Ecológica, en la de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda; y el Tribunal de Recursos Contractuales.

Estos registros se unen a los que ya había realizado la UCO, entre ellos, en la sede de Forestalia, empresa zaragozana a la que se encuentra vinculada la empresa de los familiares de la secretaria de Estado socialista Susana Sumelzo, una de las colaboradoras más cercanas de Pedro Sánchez. Además, la Guardia Civil accedió a la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y Mercasa; ambas dependientes de la SEPI.

Tras ser detenidos, Leire Díez y Antxon Alonso se negaron a declarar en sede judicial, mientras que el expresidente de la SEPI sí respondió a las preguntas a todas las partes. Fernández negó los hechos que se investigan en esta causa, aunque reconoció haber trabajado para Servinabar, eso sí, sin cometer ningún delito ni estar vinculado, según él, a la trama de adquisición de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública a dedo.

Fuentes jurídicas aseguraron a este diario que se esperan numerosas diligencias más para intentar esclarecer si los investigados cometieron alguno de los delitos por los que se encuentran imputados. Así, este caso podría estallar en los próximos meses, ya que, de hecho, es probable que se levante el secreto de sumario durante el presente 2026.