La Guardia Civil ha detenido a 63 personas, la mayor parte de ellas francesas, italianas y británicas, relacionadas con la macrofiesta ilegal denominada 'Big Fucking Party, llevada a cabo en las inmediaciones del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez (Albacete), desarrollada entre el 31 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de este año.
De los 63 detenidos, 20 de ellos lo fueron por participar en los disturbios contra agentes del Cuerpo ocurridos en las proximidades de la pedanía tobarreña de Cordovilla durante la madrugada del 31 de diciembre, cuando el grueso de una multitudinaria caravana de vehículos y personas pretendía establecer la macrofiesta, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Otras 38 personas resultaron detenidas por participar directamente en la organización del evento ilegal, y las otras cinco por la comisión de delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, o por requisitorias judiciales en vigor de búsqueda y detención. Igualmente, se han intervenido 16 vehículos pesados, entre camiones y furgones en los que se transportaba el material necesario para establecer la infraestructura de soporte de la fiesta multitudinaria ilegal, que han quedado a disposición de la autoridad judicial competente.
El macroevento, no comunicado, ni autorizado, ha congregado unos 2.000 vehículos, principalmente camiones, furgonetas, autocaravanas y vehículos camperizados, y alrededor de 3.500 personas, llegadas desde distintos puntos de España y de Europa, principalmente Francia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido.
La ilegalidad de este tipo de eventos no solo reside en la falta de autorizaciones, sino que supone un riesgo para la seguridad ciudadana, la salud pública, la seguridad vial y el medio ambiente. Por un lado, por la falta de todo tipo de prevenciones de seguridad para los asistentes a lo que la organización de cualquier evento lúdico o festivo está obligada, como son servicio médico, limpieza, instalaciones sanitarias o vigilancia interior de seguridad privada.
Todos estos servicios esenciales que debe proporcionar la entidad o personas organizadoras, repercuten en la seguridad física de los asistentes, puesto que no existe un plan de emergencias ni de evacuación y se limita la reacción cercana ante eventuales problemas sanitarios, de higiene o de convivencia.
Además, el consumo de drogas y alcohol que se produce en este tipo de eventos supone un evidente riesgo para la seguridad vial, prueba de ello son los casi 300 conductores que han dado positivo al consumo de estas sustancias en los controles establecidos.
La Guardia Civil, para minimizar los riesgos que se pudieran producir, estableció un dispositivo perimetral, con la participación de unos 300 agentes, impidiendo el acceso al entorno natural ocupado para reducir el número de asistentes y garantizando la seguridad del resto de personas mediante el control del tráfico en carreteras y caminos rurales cercanos, consiguiendo que en esta ocasión la fiesta no tuviera la envergadura de ediciones anteriores.