La defensa de la pareja de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remitido un escrito a la Fiscalía General del Estado que reconsidere su decisión en cuanto a la inhabilitación del exfiscal general Álvaro García Ortiz, que ha sido rehabilitado en su puesto como fiscal de Sala en la Sección de lo Social del Tribunal Supremo.
García Ortiz ha sido declarado culpable por haber cometido delito de revelación de secretos en contra de Alberto González Amador, por lo que ha sido condenado a una inhabilitación de dos años y una multa de 12 meses, además de una indemnización a favor de la víctima de 10.000 euros. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado, ahora a cargo de Teresa Peramato, ha entendido que la inhabilitación de García Ortiz se circunscribía a su papel como FGE y que este podía retomar su plaza como fiscal de Sala.
En un escrito de 60 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el damnificado en la revelación de secretos pide que se le retire a García Ortiz la condición de fiscal al entender que ese era el mandato de la sentencia del Supremo. Así, pide que se cumpla en su integridad y que el exmandatario de la Fiscalía General del Estado pague la multa y la indemnización que le corresponde a González Amador.
El escrito hace referencia al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) en el que se especifica, en su artículo 44.2, que están incapacitados para el ejercicio de las funciones fiscales aquellos que hayan sido condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido rehabilitación. Por su parte, en el artículo 46 se explica que haber incurrido en alguna de las causas de incapacidad provoca la pérdida de la condición de Fiscal.
González Amador entiende que, al ser el damnificado por la conducta delictiva de García Ortiz y ejercer como acusación particular en el caso, este "posee interés legítimo" en pedir que el exfiscal general cumpla la ejecución de la sentencia. Por ello, insta a la Fiscalía General del Estado de Peramato a que actúe "conforme a la legalidad".
Los argumentos de la Fiscalía para rehabilitar al condenado García Ortiz irían encaminados a que el Estatuto Fiscal no es demasiado claro en cuanto a la condena de un fiscal y la inhabilitación del mismo, ya que no evidencia si la inhabilitación debe ser para ejercer en el puesto o para ejercer en la carrera fiscal en general. Algo que sí se encuentra recogido en la norma que regula a la judicatura, que explica que un juez puede volver a su puesto anterior siempre y cuando no exista una sentencia de cárcel.
Sin embargo, García Ortiz ha sido rehabilitado en su puesto sin que la nueva norma de la Fiscalía General del Estado que asemeja los requisitos de la carrera fiscal para rehabilitarse en el cargo a la judicatura haya sido publicada. Por ello, se adhiere a la petición de la Asociación de Fiscales de que se publique el nuevo decreto que permite a García Ortiz volver a su puesto como fiscal de Sala en el Supremo.
"Con el fin de poder ejercitar los derechos como interesado, se solicita en primer
lugar el acceso al expediente administrativo en el que se ha dictado e integrado el
Decreto de 23 de diciembre por la Fiscal General del Estado", reclama el escrito.
Por último, el escrito recuerda que para acceder a la carrera fiscal es necesario que la persona que se presenta a las oposiciones tenga un expediente limpio y no haya cometido un delito doloso, por lo que vería una incongruencia que se pueda ejercer habiéndolo cometido una vez dentro de la carrera fiscal.
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