La entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha logrado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en contra del Ayuntamiento de Barcelona por haber despedido a un cocinero por no superar una prueba de catalán de nivel intermedio, el llamado B2. El cocinero, Manuel Escribano, cordobés de nacimiento, fue despedido, después de 17 años trabajando para el Ayuntamiento de la capital catalana en enero de 2024, ya con el socialista Jaume Collboni de alcalde.
En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 32 de Barcelona desestimó la demanda del trabajador porque consideraba que la exigencia del nivel B2 para un puesto de cocinero en calidad de personal laboral, no funcionario, no era desproporcionada, de modo que declaró procedente el despido.
La entidad Convivencia Cívica, que representaba judicialmente al empleado, recurrió el fallo ante el TSJC, donde se ha dado la razón parcialmente al trabajador, a quien se considera víctima de una "discriminación indirecta".
La sentencia del TSJC obliga al Ayuntamiento a readmitir a Escribano o a indemnizarlo con 58.696,92 euros. La administración municipal prefiere pagar al trabajador, que readmitirlo en su puesto de trabajo. Las disposiciones lingüísticas sobre el catalán y en contra del español son más importantes que los derechos laborales para el Ayuntamiento de Barcelona, uno de los firmantes de un "Pacte Nacional per la Llengüa" impulsado por el Govern de Salvador Illa que recrudece las normas lingüísticas del separatismo.
En enero de 2024 ya fue despedido un clarinetista de la banda municipal porque no pudo acreditar el nivel C1 de catalán. José Joaquín Sánchez, un sevillano que contaba entonces 53 años fue despedido después de 27 años de desempeño en la banda municipal. Para resolver la situación de los funcionarios interinos, entre los que se contaba el músico, el Ayuntamiento impuso el catalán como requisito para asentar sus plazas.