La cúpula sanchista de la Policía paraliza la investigación del presunto chivatazo denunciado en el caso Plus Ultra

La cúpula sanchista de la Policía Nacional está paralizando la investigación del presunto chivatazo denunciado en el caso Plus Ultra.

El presidente de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez; el consejero delegado, Roberto Rosell; un tercer empresario de nombre también Julio Martínez y un abogado español, quedaron en libertad con medidas cautelares el pasado mes de diciembre tras declarar ante el juez. La causa que dirige el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid indaga un posible blanqueo de capitales por parte de la compañía con dinero procedente de Venezuela. Todo ello, aprovechando el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le otorgó en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El supuesto chivatazo a algunos investigados les podría habría permitido borrar pruebas (mensajes, archivos, correos) en sus dispositivos antes de las detenciones y registros policiales.

Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital denuncian que "la actual cúpula de la Policía Nacional se encuentra sumida en el mayor grado de politización desde el inicio de la democracia. El interés en que las pesquisas del caso Plus Ultra fueran llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha disparado las suspicacias internas sobre la necesidad de realizar una voladura controlada de un escándalo que sin duda alguna haría caer al Gobierno".

"El jefe de la UDEF, Fernando Alonso, reporta directamente al comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual y al director adjunto operativo de la Policía DAO, José Ángel González, conocido como ‘JOTA’ y este a su vez al director general Francisco Pardo Piqueras. El Gobierno de Pedro Sánchez conoció presuntamente de la investigación con carácter previo de la operación policial. El supuesto chivatazo del caso Plus Ultra podría ser equiparable al caso Faisán. Si se llega a judicializar, con un volcado de los teléfonos, podría investigarse el supuesto delito cometido. Si algún estamento se querellara, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) podría llegar al fondo de este asunto", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "al margen de lo acaecido, tras los indicios reveladores de un posible delito de revelación de secretos tras la reunión del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el imputado Julio Martínez, el procedimiento ordinario es que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) realice las averiguaciones tendentes a comprobar tal extremo y limpiar la imagen corporativa".

"Actualmente, Asuntos Internos está dirigida por la comisaria Gema Sanz López, esposa de su antecesor en el cargo Javier Galván, actual jefe superior de Madrid. Esta Unidad no ha iniciado ningún tipo de pesquisa, lo que podría suponer una omisión del deber de perseguir posibles ilícitos. De hecho, lo que si parece que están investigando es a los escoltas de Zapatero con la intención de descubrir si alguno de ellos ha realizado algún tipo de filtración al medio El Debate que publicó la exclusiva. Desde los tiempos de Marcelino Martín Blas, no se había utilizado a Asuntos Internos de esta forma", apuntan.

"Zapatero y sus hijas tendrían que haber sido ya detenidos"

Tal y como publicó este diario, la investigación del caso Plus Ultra está provocando un gran estupor a nivel policial tras las escasas consecuencias que hasta el momento están sufriendo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus dos hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

"Durante la instrucción ya se han podido acreditar pagos sospechosos desde la empresa de las hijas de Zapatero al empresario amigo del expresidente del Gobierno Julio Martínez, cuyo concepto real se desconoce. Una vez acreditados estos pagos existía suficiente material incriminatorio para detener incluso al propio Zapatero y a sus hijas. El expresidente socialista sigue manteniendo un gran poder sobre las cloacas del Ministerio del Interior a través de su amigo, el exjefe de Seguridad de Moncloa Segundo Martínez", afirmaban fuentes policiales.

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