La Policía Nacional ha detectado movimientos en tres grandes rutas migratorias hacia España en paralelo al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de regularizar a 500.000 imigrantes que ya residen en el país a partir del próximo mes de abril. Según ha publicado El Mundo, agentes especializados en Extranjería han observado desplazamientos desde Reino Unido, Francia e Italia que podrían estar vinculados a la expectativa de acceder a ese proceso extraordinario.
Una de las vías detectadas parte del Reino Unido, atraviesa el Canal de la Mancha hacia territorio francés y continúa hasta España por los Pirineos. En estos movimientos figuran ciudadanos pakistaníes, afganos e indios que buscan regularizar su situación en Europa aprovechando la iniciativa española.
Los agentes también han constatado la entrada en España desde Francia de una "cantidad considerable" de imigrantes de nacionalidad argelina y marroquí. A ello se suma una casuística específica en Italia, donde se estarían organizando desplazamientos en furgonetas con destino a territorio español.
En estos vehículos viajarían ciudadanos indios, marroquíes, argelinos y pakistaníes. La activación de estas rutas y la rapidez con la que se ha anunciado el plan han generado inquietud entre los especialistas policiales, que subrayan la ausencia de directrices concretas sobre cómo afrontar el proceso.
Aviso a Interior por la "dificultad" del proceso
Según explica El Mundo, la Policía se ha dirigido al Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, para advertir de la "dificultad" que entraña una regularización masiva de estas dimensiones.
Las fuentes policiales consultadas por el diario explican que se han remitido correos electrónicos trasladando su preocupación ante la falta de instrucciones claras, medios materiales y refuerzos humanos. "No sabemos la manera en la que hay que actuar porque no hay instrucciones, ni posibilidades ni tampoco recursos", señala uno de los responsables consultados.
Unidades saturadas ante una tramitación "masiva"
Serán las unidades de Extranjería y Fronteras las que asuman la gestión de las solicitudes de autorización de residencia, la certificación de trámites administrativos, la verificación de identidades y la comprobación de antecedentes penales. Los agentes advierten de que esta carga adicional podría resultar "letal" para equipos que ya operan al límite de su capacidad en distintas provincias.
Los investigadores especializados en la lucha contra el tráfico de personas alertan de que las organizaciones criminales podrían intentar aprovechar la "falta de recursos" técnicos y humanos ante la avalancha prevista. "Bajo falsos arraigos, pueden traer a España a mujeres para legalizar su situación y, después, explotarlas sexualmente"
Estas prácticas, explican, ya existen de forma puntual, pero temen que el volumen de solicitudes dificulte su detección. En especial, mencionan redes que trasladan mujeres desde Colombia, Venezuela o Paraguay con fines de explotación.
También preocupa la "falta de control" sobre la autenticidad de documentos en determinados países de origen. Según las mismas fuentes, en algunos lugares resulta sencillo obtener certificados de antecedentes penales mediante sobornos. Verificar la veracidad de esa documentación, advierten, "será muy difícil" con los medios actuales.
Del mismo modo, en esta línea de preocupación por el control documental se pronunció el inspector de Policía y portavoz de la asociación H50, Serafín Giraldo, durante su intervención en La noche de Cuesta. Giraldo advirtió del riesgo de fraude en el proceso y fue tajante: "Esto es un negocio que se ha abierto para las mafias. Con la elaboración de documentos falsos, cambiarán fechas, cambiarán nombres. Un contrato privado basta para conseguir la regularización". A su juicio, el sistema podría convertirse en un "coladero" difícil de controlar.
El inspector aseguró además que el Ejecutivo ignoró los informes técnicos de la Comisaría General de Extranjería antes de aprobar el Real Decreto pactado con Podemos, pese a las advertencias sobre la posible entrada de personas con antecedentes penales. "En principio estamos premiando a personas que han infringido la Ley de Extranjería, en detrimento de quienes llevan años tratando de regularizarse y cumpliendo con la ley", señaló, subrayando que el número final de beneficiarios podría superar ampliamente los 500.000 previstos inicialmente.