El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido excluir, de forma inédita, a las Oficinas de Extranjería (OEX) del proceso de regularización masiva que pretende legalizar a más de un millón de personas. En un movimiento que CCOO denuncia como una "externalización" encubierta, la gestión recaerá en Correos, la Seguridad Social y diversas ONG, mientras que la tramitación final quedará en manos de la UTEX, una unidad de choque deslocalizada del Ministerio de Inclusión.
Para sostener este operativo, el Ejecutivo recurrirá a personal externo a través de la empresa pública Tragsa —conocida por el polémico contrato a la acompañante de Ábalos—. Esta decisión ha encendido las alarmas entre los 1.800 funcionarios del cuerpo, quienes advierten del peligro de dejar tareas que requieren alta especialización en manos inexpertas.
La mayor preocupación radica en la seguridad jurídica: el real decreto, pactado con Podemos y previsto para finales de marzo, podría permitir que los solicitantes sustituyan el certificado de antecedentes penales por una simple "declaración responsable". Esta "regularización a ciegas" ignora los informes policiales que alertan de fraude y del "efecto llamada", mientras la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ya analiza con urgencia las graves consecuencias legales y económicas para España.