Terror en Moncloa a que Cerdán, Leire y Julito sigan el ejemplo de Aldama

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: las sentencias de la trama Koldo, la colaboración de Aldama y Perelló contra el juez Peinado.

Condena histórica a la mano derecha de Sánchez

La esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Mascarillas ha llegado, como se preveía, con condenas históricas. El Mundo habla de "condena unánime e implacable a la corrupción que llegó con Sánchez". ABC lo resume así: "El sanchismo, condenado". Para La Razón estamos ante el "primer revés judicial al sanchismo con una condena histórica" y El País dice que "el Supremo condena a Ábalos a 24 años y deja libre a Aldama". El resumen de la sentencia podría ser este que firman Ángela Martialay y Manuel Marraco en El Mundo: "los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción, comenzaron con el 'pelotazo' de las mascarillas en el peor momento de la pandemia del COVID-19, cuando Ábalos favoreció al empresario Aldama a cambio de que este sufragara su alto tren de vida pagando". A Arcadi Espada los veinticuatro años que le han caído al exministro le parecen excesivos y los compara con "los veinte con que la Audiencia Nacional condenó a la terrorista Carmen Guisasola por el asesinato de un policía". La sentencia destaca la gravedad de la participación en los hechos de un ministro en activo y señala que los condenados han "socavado la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de Derecho". Escribe Leyre Iglesias: "Que el exministro vaya a pasarse 16 años y medio en prisión ayuda a restablecer la confianza de los ciudadanos en la democracia.

¿Y Sánchez? Él también debería regresar al principio, a su vibrante discurso en la moción de censura: "¿Qué más tiene que pasar, señor Rajoy, para que entienda que su permanencia al frente del Gobierno es dañina y es un lastre no solamente para el país sino para su propio partido? ¿Se merece nuestro país estar pendiente de las sentencias que están al caer, como ha dicho antes el diputado Ábalos, por innumerables piezas de corrupción que supuestamente afectan al partido que usted lidera?". Casi cinco años después de que Sánchez echase al exministro de Transportes de su Gobierno aún no ha explicado por qué lo hizo ni por qué le recuperó en 2023, como número dos de Diana Morant en las listas de la Comunidad Valenciana. Leída la sentencia, dice el editorialista de El Mundo que "si Sánchez estuviera a la altura de su responsabilidad política directa en este caso, dimitiría de forma inmediata". Coincide La Razón: "La sentencia va directamente contra el núcleo del sanchismo y de una manera frentista y excluyente de ejercer el poder. Lo demás es retórica barata". ABC abunda en la misma idea. Para el diario de Vocento la sentencia supone el "epitafio político para Pedro Sánchez" ya que "la condena a Ábalos equivale políticamente a un rejón de muerte en el corazón del sanchismo". En El País, Jordi Nieva-Fenoll —catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona— admite que "la condena está sustentada en una avalancha de datos fácticos en los que la confesión del empresario solo ha tenido un papel de acompañamiento (...) Difícilmente va a ser rectificada y harían bien los reos en ahorrarse el dinero de los recursos".

Aldama como ejemplo de colaboración

El comisionista y "nexo corruptor" de la trama, Víctor de Aldama, ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel pero, por unanimidad, los siete magistrados del Alto Tribunal han decidido premiar su colaboración con la Justicia y evitarle la entrada en prisión. Los jueces consideran su ayuda una atenuante "muy cualificada", que es precisamente la cualificación que apreció el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, pero que le impidió solicitar en las conclusiones definitivas la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. La reacción a la pena de Aldama es ampliamente criticada. El País cuestiona la rebaja y subraya que no tendrá que pagar tampoco los 3,7 millones de euros de multa cuando, en realidad, no obedece a un beneficio sino a que no ha quedado acreditado el delito de uso de información privilegiada al no poder demostrar que obtuvo un chivatazo de la licitación de los contratos de las mascarillas.

David Jiménez Torres en El Mundo lamenta que "la degradación del oficialismo quedó nuevamente en evidencia cuando numerosas voces se mostraron más indignadas con el trato favorable a Aldama —por colaborar con la Justicia— que con la confirmación de que un ministro de Sánchez usó su cargo para enriquecerse ilícitamente; encima, en plena pandemia". La reacción del PSOE es más llamativa si cabe cuando la consejera vasca de Justicia, la socialista María Jesús San José, ha dado luz verde a decenas de terceros grados a etarras no arrepentidos. Lo que en realidad esconde la respuesta de los socialistas es el miedo a que otros imputados en grandes casos de corrupción sigan el ejemplo de Aldama y "tiren de la manta". Sirvan de ejemplos Julio Martínez —supuesto testaferro de Zapatero— y la fontanera, Leire Díez. A La Razón le consta que "Santos Cerdán está sopesando el empezar a hablar para no cargar con una responsabilidad que él no considera fundamentalmente suya". Otra opción es que "cante" el propio Ábalos, de quien Aldama dice que puede hacer mucho daño a Sánchez y Zapatero con el Delcygate.

Reacción de los afectados

José Luis Ábalos ha trasladado a Vozpópuli que asume con entereza la condena, pero se confiesa "perplejo" por la pena de 24 años. Y en línea con lo que ha contado Koldo García a El Mundo se pregunta: "¿Para qué ha habido un juicio si ya estaba condenado?".

Mucho más duras son las palabras del hijo del exministro, de Víctor Ábalos, en ABC. Se queja de que a su padre "le ha caído más condena que a un asesino o a un violador" y que "con su edad, le han puesto una condena perpetua. Le podían haber dado garrote vil, más rápido, pero mi padre —concluye— es fuerte".

Sánchez intenta desviar la atención y Feijóo exige su dimisión

La sentencia del caso Mascarillas sorprendía al presidente del Gobierno participando en la clausura del acto 'España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación'. No dijo nada a la salida, tampoco lo hicieron los once ministros que le arropaban y sólo Óscar Puente valoró la decisión judicial, como es habitual en él, a través de las redes sociales. Desde La Moncloa, dice La Razón, "se atrincheran en la tesis del golpismo judicial para derribar al Gobierno". Pedro Sánchez no responde a la prensa pero, ya por la tarde, colgaba un nuevo vídeo en TikTok dando consejos para hacer frente a la ola de calor: "Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día".

Solo le faltó pedir a los ciudadanos que se queden "a la sombra", como Ábalos y Koldo en Soto del Real. El PP exige la dimisión del presidente y rechaza la moción de censura en la que insiste Vox. Feijóo sabe que ni Junts ni el PNV dejarán caer a Sánchez. Los nacionalistas menos que nadie ahora que sabemos, gracias a El Confidencial, que "un nuevo informe revela que la trama de la SEPI contactó con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, para que el Gobierno de Pedro Sánchez rescatara Tubos Reunidos. Leire Díez y Vicente Fernández cobraron una comisión ilegal de 247.459 euros".

Perelló se pliega al Gobierno

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que sea el promotor de la acción disciplinaria el que decida si el juez Peinado debe ser o no sancionado por las referencias a los escoltas de Begoña Gómez en el auto de apertura de juicio oral. La decisión dejó una nueva ruptura en el órgano de gobierno de los jueces. Los magistrados conservadores consideran que el CGPJ no tiene competencias para sancionar al juez del caso Begoña, los izquierdistas creen que sí y finalmente fue el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló, el que decantó la balanza, plegándose a las exigencias del ministro Marlaska. Elisa de la Nuez tilda de "disparate antológico" que Peinado basase la retirada del pasaporte a Begoña en la posible complicidad de los escoltas. Dice, además, en El Mundo que la instrucción ha sido "errática y poco ortodoxa".

Cristina Losada, por contra, subraya en su artículo de LD que "el caso Gómez es el caso Sánchez, y este es el motivo de que el juez Peinado haya estado más en la picota que otros y recibido más fuego graneado del agitprop gubernamental". Concluye que el magistrado "ha demostrado que va por libre y decide lo que le parece, sea o no políticamente conveniente. Pedirle que actúe con sentido político, que tenga en cuenta cómo puede utilizar la política lo que él diga o haga, es pedirle que pierda su independencia de criterio. La tiene para bien o para mal, y debe conservarla". Entretanto, el magistrado sigue trabajando y ha citado mañana miércoles a la esposa de Sánchez y a su colaboradora, Cristina Álvarez, para que entreguen en persona el o los pasaportes el mismo día en que Sánchez se someterá al examen del Congreso por los casos de corrupción.