Cuando la AEAT persigue a los inocentes y protege a los corruptos

La Agencia Tributaria, nacida para acercar al ciudadano sus trámites con el fisco y mejorar el proceso de tributación, se ha acabado convirtiendo en un órgano paraestatal que ejerce una suerte de terrorismo fiscal, con desprecio de los derechos que asisten a los ciudadanos y empresas que caen en sus redes. Solo los tribunales de Justicia, a menudo en las más altas instancias y tras largos años de pleitos y gastos, consiguen revertir los atropellos de un organismo que ha hecho de la impunidad su principal seña de identidad.

La AEAT actúa con la presunción de que el contribuyente es culpable y en virtud de ese principio actúa en su contra con la fuerza del Estado. Pero esta obsesión inquisitorial contra los administrados desaparece como por ensalmo cuando los sospechosos pertenecen al círculo estrecho de los dirigentes socialistas. Tan solo en los últimos meses hemos conocido el trato de favor al hermano de Pedro Sánchez por tributar irregularmente en Portugal con el fin de evadir impuestos, las reticencias a personarse en la causa judicial de las joyas de Zapatero o la asombrosa falta de olfato de estos inquisidores tributarios en los abundantes casos judiciales que tienen su origen en la Sociedad Española de Participaciones Industriales, uno de los focos de corrupción más graves de los últimos años que, al parecer, sorprendió a los técnicos y directivos de la AEAT en la inopia.

Por si todo eso fuera poco, ahora hemos sabido que Hacienda tampoco se percató de que el socio, amigo y presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez, llevaba años sin hacer la declaración de la renta, a pesar de disfrutar de un abultado sueldo como empleado de una compañía, de administrar casi 40 sociedades, y de satisfacer el alquiler de una propiedad, circunstancias todas ellas que tienen el adecuado reflejo tributario. Sin embargo, las liquidaciones de impuestos de la empresa pagadora del salario de Martínez, del arrendatario de la propiedad alquilada y de las sociedades administradas por el amigo de Zapatero, hechos impositivos que dejan indefectiblemente un rastro fiscal, pasaron desapercibidos para el radar de la AEAT, un mecanismo que, sin embargo, se activa de manera inmediata (e implacable) cuando un ciudadano o un profesional se retrasan en el pago de sus tributos.

A este respecto resultan llamativas las declaraciones en el Senado de la exdirectora de la AEAT, Soledad Fernández, mostrando su sorpresa por el hecho de que el poderoso sistema de supervisión de la agencia no detectara un caso tan clamoroso como del amigo de ZP, un contribuyente con ingresos elevados y responsable de decenas de sociedades, que deja de declarar al fisco durante cuatro años con absoluta tranquilidad. Fernández despachó este escándalo como "un lamentable error" y aseguró no entender que no saltaran las alarmas en los mecanismos de la Agencia que dirigía hasta hace bien poco.

Pero que ella sea una incompetente o una ingenua es irrelevante a todos los efectos. Puesto que los expedientes de los contribuyentes españoles y las acciones que los técnicos realizan con ellos dejan en los sistemas informáticos un rastro que permite su perfecta trazabilidad, es el momento de que la AEAT denuncie a los funcionarios o directivos responsables de apagar las alarmas mientras el socio de José Luis Rodríguez Zapatero se evadía de la acción del fisco durante años, sin recibir ni un solo apercibimiento por parte del órgano estatal.

Estas noticias provocan la lógica indignación entre los contribuyentes que cumplen puntualmente con sus obligaciones fiscales, más aún si, como resulta frecuente, han tenido que vérselas con el mastodonte tributario en cuestiones sujetas a interpretación. El evidentísimo trato de favor al amigo del expresidente socialista no puede quedar impune. No solo tiene que ser obligado a tributar adecuadamente, asumiendo las sanciones y el pago de intereses que correspondan. También los responsables de este enésimo escándalo en el seno de la Agencia Tributaria tienen que ser denunciados ante la Justicia para que hagan frente en los tribunales a su responsabilidad.