A las 8:15 horas del 17 de octubre de 1981 la banda terrorista ETA asesinaba en Santurce (Vizcaya) al cabo primero de la Guardia Civil SANTIAGO GONZÁLEZ DE PAZ. El agente había salido de su domicilio, situado en la calle Pedro Icaza, y se disponía a subir a su vehículo, estacionado a pocos metros del portal, con la intención de dirigirse a su trabajo en el puerto, ya que pertenecía al cuerpo de especialistas fiscales de la Guardia Civil. Cuando acababa de entrar en el automóvil, tres terroristas se situaron en un lateral del mismo y tirotearon a Santiago.

El cabo pudo salir del coche y caminar algunos pasos dando tumbos antes de caer muerto en el suelo de la acera de enfrente. Había recibido tres impactos de bala, uno en la cabeza y dos en el pecho. En el lugar de los hechos se recogieron seis casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. El cadáver de Santiago González fue trasladado al Hospital Civil de Bilbao, donde se le realizó la autopsia.

Los autores del atentado se dieron a la fuga en un taxi, del que se habían apropiado tras pedir sus servicios en Sestao. Al parecer los terroristas iban dando vivas a ETA mientras huían. Al llegar a la altura del cementerio de Portugalete, obligaron al taxista a introducirse en el maletero, donde estuvo retenido mientras cometían el atentado. Posteriormente, los etarras abandonaron el taxi en Sestao, de donde su propietario fue rescatado por un transeúnte que oyó ruidos dentro del maletero.

A mediodía se celebró en la Iglesia de San Jorge de Santurce el funeral por el guardia civil asesinado al que asistieron, además de los familiares de la víctima, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Marcelino Oreja; los gobernadores civil y militar de la provincia, el general de Zona de la Guardia Civil, el alcalde de Santurce y representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión de Centro Democrático (UCD) y PSOE. El féretro, cubierto con la bandera de España y el tricornio del Cuerpo, fue introducido por sus compañeros en el templo, mientras una compañía de la Guardia Civil le rendía honores. Una vez terminado el oficio religioso, el féretro fue sacado de nuevo a hombros mientras una compañía militar interpretaba el Toque de Silencio, el Himno de la Guardia Civil y el Himno Nacional.

A continuación los restos mortales del guardia civil fueron trasladados al aeropuerto tinerfeño de Los Rodeos, donde llegó a última hora de la tarde a bordo de un avión militar. Posteriormente fue trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife, donde quedó instalada la capilla ardiente. Al día siguiente, domingo 18 de octubre, se ofició una misa de cuerpo presente tras la cual los restos mortales de Santiago González fueron enterrados en el cementerio de Santa Lastenia, de la capital tinerfeña.

Este asesinato ponía fin al paréntesis de ochenta y un días sin que la banda cometiese atentados con víctimas mortales. El último asesinato fue el cometido en Amurrio el 25 de julio cuando la banda terrorista acabó con la vida de Félix Galíndez Llano.

Santiago González de Paz tenía 30 años, estaba casado y era padre de dos niños de 5 años y once meses. Había nacido en Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), donde una calle lleva su nombre, e ingresó en el Instituto Armado en 1973. Llevaba casi dos años destinado en Santurce como cabo especialista de la Guardia Civil. Anteriormente estuvo destinado en la localidad guipuzcoana de Motrico.

En torno a las 22:00 horas del jueves 17 de octubre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad guipuzcoana de Rentería al policía municipal VICENTE GAJATE MARTÍN, militante del partido socialista y afiliado al sindicato UGT. La víctima había aparcado su vehículo en la calle San Marcos, una vez que terminó su jornada laboral, y se apeó para ir a su domicilio, cuando dos terroristas que le estaban esperando le dispararon varias veces, dándose a la fuga a continuación. Vicente cayó al suelo, entre dos vehículos, muriendo en el acto. Había recibido dos impactos de bala en la cabeza y la garganta.

Los autores del atentado habían utilizado un vehículo Seat 124 robado a punta de pistola en Lezo, y cuyo dueño fue introducido en el maletero desde donde escuchó, impotente, los disparos que acabaron con la vida del policía municipal. La Guardia Civil recogió en el lugar de los hechos seis casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

En esa época el entorno proetarra había acuñado el eslogan "PSOE igual a GAL" e identificaba a los militantes socialistas con la Policía. Ese fue el motivo que esgrimió la banda terrorista para justificar el asesinato de Vicente, al que acusaron de colaborar con la Policía, acusación que la banda nunca rectificó, pese a los reiterados desmentidos de la familia y al convencimiento de las fuerzas políticas que sostenían que el atentado había sido fruto de un error evidente. Una vez más el entorno proetarra y la propia banda conseguían su propósito: que la acusación de "colaborar con la Policía", fuese ésta cierta o no, se viese como algo indigno y como algo que podría justificar un asesinato, cuando colaborar con las fuerzas de seguridad en cualquier sociedad democrática sana debería ser un deber ciudadano, y más cuando de delitos de terrorismo estamos hablando. Además ¿qué sentido tiene acusar a "alguien" de colaborar con la Policía cuando ese "alguien" es un policía municipal? Lo realmente indigno es ser chivato y colaborador de ETA, como es el caso del policía municipal Pedro María Cuesta Garmendia, compañero de Vicente, que fue quien facilitó a ETA todos los datos necesarios para que la banda cometiese el asesinato.

Los socialistas interpretaron aquel atentado como una provocación directa de la banda terrorista. Su asesinato fue ampliamente condenado por todas las fuerzas políticas locales y regionales, con la excepción habitual de Herri Batasuna. El alcalde de Rentería, el socialista José María Gurruchaga, calificó de "pesadilla" el asesinato de Vicente Gajate. "Lo han matado porque era un buen policía, un trabajador al servicio de todos los ciudadanos de Rentería". Txiki Benegas, secretario general de los socialistas vascos, declaró que el asesinato de Gajate era "un crimen fascista". El responsable de política municipal del PSE-PSOE en Guipúzcoa, Odón Elorza, que también se desplazó a Rentería tras el atentado, hizo referencia a la condición de afiliado a UGT de la víctima. "Este asesinato", dijo, "constituye una clara provocación a la UGT y al partido socialista y al Ayuntamiento de Rentería y al funcionamiento de esta institución democrática". El concejal del PNV, Venancio Alonso, definió a la víctima como "una persona alegre y buena donde las haya".

La noche del jueves 17 de octubre, ETA y la propia Herri Batasuna fueron insultadas, amenazadas y desafiadas como nunca antes se había visto en Rentería. En la manifestación que siguió al funeral participaron militantes socialistas de otros municipios vascos, e incluso de otras capitales españolas, pero buena parte de las cuatro mil personas que recorrieron las calles de la localidad vivían en Beraun, un barrio obrero de unas diez mil personas, en su mayoría de origen emigrante, que votaba masivamente al PSE-PSOE, barrio donde vivía Vicente Gajate. Antes del entierro, la población de Beraun bajó en masa y en silencio tras el féretro hasta llegar a la calle donde comienza la zona central del pueblo. En la manifestación participaron el ministro de Administración Territorial, Tomás de la Quadra, el secretario de la UGT, Nicolás Redondo; el presidente del PSOE, Ramón Rubial; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui; la secretaria de organización del PSOE, Carmen García Bloise; el secretario general del PSE-PSOE, Txiki Benegas, la ejecutiva de ese mismo partido y miembros de otras fuerzas políticas.

Una vez llegaron al centro del pueblo comenzaron a gritar: "ETA y HB asesinas", "ETA, traidores, matáis trabajadores", "HB, cobardes, salid a la calle", "ETA, racista, fascista, da la cara", "Dónde están, no se ven los asesinos de HB". Asimismo un grupo rompió los cristales de una pastelería y zarandeó a su propietario, simpatizante de HB. Fue una auténtica demostración de fuerza y un desafío a ETA militar y a Herri Batasuna. Cuando los manifestantes llegaron a la plaza del Ayuntamiento, una mujer que encabezaba la multitud puso sus brazos en jarras y gritó en dirección a los balcones: "HB, y ahora ¡qué!". Sólo cuando la multitud se desperdigó, simpatizantes de la formación proetarra que habían contemplado en silencio el paso de la manifestación se enzarzaron con algunos grupos de participantes y rompieron a pedradas los cristales de un autobús en el que habían llegado militantes socialistas de distintas ciudades españolas.

Al día siguiente, 18 de octubre, el Ayuntamiento de Rentería otorgó a Vicente la máxima condecoración municipal por su labor como "defensor de los derechos de este pueblo", y ordenó un día de luto en la ciudad. La Policía Municipal y los trabajadores del Ayuntamiento de Rentería se declararon en huelga en solidaridad con la víctima y estuvieron presentes en el pleno extraordinario celebrado a las nueve de la mañana. Los cuatro concejales de Herri Batasuna, que se abstuvieron en el momento de votar la moción de condena del atentado y condicionaron el cese de la violencia a la aceptación de la llamada alternativa KAS, fueron abucheados e increpados con gritos de "pistoleros", "fascistas" y "asesinos" por militantes de UGT que también estuvieron presentes en el pleno. Los ánimos estaban muy crispados y un concejal socialista acusó a la organización HB de colaboración con el terrorismo. A la salida del pleno municipal, afiliados de la UGT arrojaron pesetas al paso de los concejales de HB.

En 1986 la Audiencia Nacional condenó a José Ramón Zabaleta Garmendia, Francisco Javier Garmendia Arrieta y Andrés Michelena Galarza, pertenecientes al denominado Comando Pepe Barros de ETA, a 29 años de reclusión mayor a cada uno de ellos por el asesinato de Vicente Gajate. Por la misma sentencia fue condenado, en concepto de cómplice del asesinato, a 18 años de reclusión menor Pedro María Cuesta Garmendia, policía municipal de Rentería y compañero del asesinado. Según los hechos probados de la sentencia, Zabaleta y Garmendia se integraron en ETA militar en los primeros meses de 1984. Posteriormente se trasladaron a Francia, donde recibieron cursillos de adoctrinamiento y adiestramiento en el manejo de armas y explosivos. Después regresaron a España y captaron a Michelena Galarza, al que también adiestraron en el manejo de las armas por los dos primeros. Los tres integraron el Comando Pepe Barros, recibieron de la dirección de la banda asesina armamento diverso y explosivos, así como manuales y cuadernos de indicaciones sobre los atentados que tenían que realizar. Para recibir las instrucciones y dar cuenta de sus actividades contaban con un buzón situado en la carretera de Oyarzun a Rentería. Uno de los mensajes ordenaba el asesinato de Vicente Gajate. Los terroristas intentaron asesinar al policía municipal en dos ocasiones anteriores, pero desistieron ante los riesgos y dificultades que se encontraron. Por ese motivo Zabaleta pidió datos sobre las costumbres del policía municipal a su primo, Pedro María Cuesta Garmendia, compañero de Vicente Gajate que, a sabiendas de que su primo pertenecía a ETA, le facilitó los datos que éste le había pedido. El 17 de octubre de 1984, los etarras robaron un coche y esperaron la llegada de Gajate. Mientras Francisco Javier Garmendia Arrieta se quedaba en el coche para facilitar la huida y Andrés Michelena vigilaba y cubría la acción, Zabaleta disparaba cinco veces y por la espalda al policía municipal, causándole la muerte instantánea.

Vicente Gajate Martín, de 34 años, era natural de Salamanca. Estaba casado y tenía dos hijos. Trabajaba desde cinco años antes como policía municipal en Rentería. Afiliado al partido socialista y a la Unión General de Trabajadores, había sido concejal socialista hacía siete años en la gestora municipal creada antes de las primeras elecciones municipales democráticas.

A las siete y veinte minutos de la mañana del 17 de octubre de 1987 una bomba colocada por la banda terrorista ETA en el exterior del edificio de una sucursal de la compañía de seguros La Unión y el Fénix en Pamplona acababa con la vida de la repartidora de periódicos MARÍA CRUZ YOLDI ORRADRE.

La colocación del artefacto explosivo había sido anunciada horas antes mediante confusos avisos a la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA), pero la Policía no logró localizar la bomba. A las 3:24 horas se produjo la primera llamada, en la que el comunicante, que dijo pertenecer a ETA, informó de la colocación de un artefacto "en la calle Cortes de Navarra". La misma persona volvió a llamar otras dos veces interesándose por si DYA había transmitido el mensaje a la Policía y advirtiendo que el artefacto había sido colocado por ETA "enfrente del cine Carlos III". Sin embargo este cine, ubicado en la misma calle, se encontraba a más de cien metros de distancia del lugar de la explosión, aunque enfrente de las oficinas siniestradas existía un salón de juegos recreativos con el mismo nombre, extremo que pudo provocar el equívoco. Sea como fuere, los datos imprecisos e insuficientes del comunicante impidieron que las dotaciones policiales localizasen la bomba.

La explosión se registró a las siete y veinte minutos justo cuando María Cruz Yoldi depositaba ejemplares de la prensa del día junto a la entrada de la sucursal. La bomba desplazó el cuerpo de la víctima a más de doce metros de distancia empotrándolo debajo de un vehículo marca Citroën y provocándole múltiples fracturas en todos los huesos del cráneo, amputación de un brazo y graves heridas en tórax y abdomen que, como rezaba el parte médico, resultaban "incompatibles con la vida".

El atentado de ETA era parte de la campaña de acoso de la banda asesina a lo que llamaban "intereses económicos franceses y españoles", campaña que ya llevaba varios años en marcha. En marzo de 1980 la banda terrorista había asesinado al subdirector de La Unión y el Fénix en Bilbao, Enrique Aresti Urien. Durante los meses de abril y julio de 1987 ETA había atentado con bombas contra diversos establecimientos en Navarra de empresas de capital francés como Michelin y Roche-Bobois. También en agosto de ese año la banda había atentado contra concesionarios de automóviles franceses y el supermercado Pryca de Santander.

En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Bautista Barandalla Iriarte a 27 años de cárcel por el asesinato de María Cruz Yoldi, a 8 por un delito de estragos y a 6 por pertenencia a banda armada. Durante el juicio Barandalla Iriarte reconoció ser miembro del grupo Amaiur de ETA.

Este grupo Amaiur, autor del asesinato de María Cruz Yoldi, lo completaban Mikel Castillo Furtado, Alberto Ilundáin Iriarte y Juan Carlos Pérez Ojuel, secretario de organización de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Pamplona, además de terrorista de la banda ETA, un ejemplo más de la simbiosis entre los asesinos y su brazo político. Son decenas los miembros de HB que han colaborado directamente con ETA señalando objetivos, escondiéndoles después o enrolándose directamente en las filas de la banda terrorista, simultaneando los atentados con una vida política aparentemente normal.

En la misma operación en la que fue detenido Barandalla Iriarte en septiembre de 1990 falleció el etarra Mikel Castillo Furtado por disparos de la Policía. El grupo Amaiur estaba a punto de cometer el asesinato de una persona vinculada sin prueba alguna por ETA con el tráfico de drogas. En esa operación Ilundáin Iriarte y Juan Carlos Pérez Ojuel consiguieron escapar del operativo policial. Poco después, el 19 de noviembre de 1990, el secretario de organización de HB y terrorista en su tiempo libre, fue detenido en el domicilio del concejal de la misma formación proetarra en Aoiz, Antonino Alemán. Juzgado y condenado como miembro del grupo Amaiur, su salida de la cárcel está prevista para noviembre de 2022 por aplicación de la doctrina Parot. Por otra parte, Pérez Ojuel ya fue detenido en noviembre de 1978 acusado de ser miembro de ETA y haber participado en varios atentados cometidos en la ribera de Navarra, lo que no fue obstáculo para que formase parte de Herri Batasuna.

Alberto Ilundáin Iriarte, alias Mollejas, fue detenido en septiembre de 2001 cuando circulaba en un vehículo en la región de Loire, cerca de Saboya (Francia), acompañado por el etarra Didier Aguerre. Los terroristas iban armados con dos pistolas y una metralleta. El etarra tiene pendiente cinco requisitorias de la Audiencia Nacional, una de ellas por el asesinato de María Cruz Yoldi. El Tribunal Especial de lo Criminal de París lo condenó a 18 años de cárcel en octubre de 2005 por su participación con otros tres etarras en el robo de 1.650 kilos de dinamita en Grenoble (2001). En noviembre de 2006 fue condenado, también en Francia, a otros 18 años por formar parte de la "columna vertebral" del aparato logístico de ETA.

Barandalla Iriarte fue excarcelado en el año 2009 bajo la justificación de enfermedad grave, cuando su salida estaba prevista para septiembre de 2020 en aplicación de la doctrina Parot. Aunque estaba en régimen de arresto domiciliario y con una pulsera de control telemático por parte de la prisión de Nanclares de Oca, en febrero de 2011, como informó el diario El Mundo, permaneció varias horas desaparecido vulnerando claramente el arresto domiciliario y haciendo dudar de que en realidad estuviese tan enfermo.

El grupo Amaiur de ETA fue también el responsable de las bombas colocadas el 31 de julio de 1987 en un establecimiento comercial de la firma Roche-Bobois y en un concesionario de la firma Michelin el 18 de abril de 1987.

María Cruz Yoldi Orradre, de 63 años, estaba casada -su marido era portero de finca urbana- y tenía seis hijos. Natural de la localidad de Najurrieta (Navarra) desde hacía catorce años repartía ejemplares del Diario de Navarra a suscriptores particulares y a empresas.

La cobarde indiscriminación con que actúan estos asesinos, le ha costado la muerte a una mujer modesta, empleada de Diario de Navarra desde hacía bastantes años, compañera en la nómina de nuestra plantilla que, a pesar de su edad y próxima a su jubilación, necesitaba su trabajo para sacar adelante a una familia numerosa con varios hijos parados (editorial del Diario de Navarra, 18/10/1987).

Unas trescientas personas acudieron el día 18 a su entierro en el cementerio de Pamplona, entre las que se encontraban el presidente del Parlamento de Navarra, Javier Gómara, el alcalde de la ciudad, Javier Chourraut, y el senador Jaime Ignacio del Burgo. Por la tarde varias decenas de personas se manifestaron silenciosamente por espacio de media hora en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona respondiendo a la convocatoria efectuada por la Asociación por la Paz en Euskal Herria.

El jueves 17 de octubre de 1991 la banda terrorista intentó sembrar de cadáveres el distrito de La Latina en Madrid mediante la colocación de bombas-lapa adosadas a los bajos de los vehículos de sus propietarios con el resultado de tres heridos graves, uno de ellos una niña de 13 años, Irene Villa, y un muerto, el teniente de Artillería del Ejército FRANCISCO CARBALLAR MUÑOZ.

La primera de esas bombas-lapa estalló en la calle Duquesa de Parcent minutos antes de las 8:00 horas. Ese día en el vehículo viajaba sólo el teniente Carballar Muñoz, pero no era lo habitual. Normalmente lo acompañaban dos de sus hijos: Alicia, de 16 años, y Juanchi, de 17, a los que solía llevar al colegio antes de dirigirse a la Academia de Artillería en el barrio de Fuencarral, donde se encargaba de examinar a soldados conductores. La explosión de la bomba, que se produjo cuando el militar arrancó el vehículo, le causó la muerte en el acto. La rotura de cristales en los edificios colindantes provocó heridas leves a una niña de ocho años, Cristina Hoyos, que se encontraba en su domicilio.

Una hora después del asesinato de Francisco Carballar, y a apenas doscientos metros de distancia, una segunda bomba-lapa estallaba en el vehículo de María Jesús González Gutiérrez, auxiliar administrativa del Estado destinada en la sección de expedición del DNI de la comisaría de los Cármenes de Madrid, que circulaba junto a su hija de 13 años, Irene Villa González, por la calle Camarena de la capital. Irene sufrió la mutilación de las dos piernas y de tres dedos de la mano izquierda, mientras que María Jesús, de 40 años, sufrió la amputación de una pierna y de un antebrazo. La historia de superación de ambas, y su compromiso en combatir el terrorismo han hecho que tanto María Jesús como Irene se conviertan en referente para muchas víctimas del terrorismo y en que su caso sea un símbolo de la brutalidad de una banda asesina que, una vez más, dio muestras de que no importaba qué medios se utilizasen para conseguir sus objetivos. Si los hijos del teniente Carballar Muñoz se libraron ese día, milagrosamente, de sufrir heridas similares a las sufridas por Irene, pero perdieron a su padre, Irene y María Jesús, pese a las horribles mutilaciones, no sólo consiguieron salvar la vida, sino que no cayeron en la desesperanza y no le dieron a ETA una segunda victoria, que es ver a sus víctimas hundidas y machacadas. Irene y María Jesús han dado una lección de vida, superación y lucha por evitar el olvido de las víctimas del terrorismo, sin caer en los deseos de venganza, en el resentimiento y el odio.

La tercera bomba-lapa estalló poco después, a las 11:20 horas, en el vehículo del comandante de Infantería Rafael Villalobos Villa. ETA no consiguió acabar con él, pero quedó mutilado de por vida. Rafael Villalobos, de 38 años, casado y con dos hijos, perdió ambas piernas y sufrió contusiones abdominales y pérdida de sustancia hipotenar en la mano izquierda. En el atentado resultó herida de gravedad su hermana María Antonia, de 50 años. Nueve años después, en febrero de 2000, la vivienda de Rafael quedó destrozada por la explosión de un coche-bomba colocado por ETA en la inmediaciones de la calle Virgen del Puerto, asesinando al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García, amigo y compañero de Rafael.

Según fuentes de la investigación, la bomba que mutiló a María Jesús e Irene pretendía causar la muerte de un inspector de Policía, pareja de María Jesús, que por entonces estaba divorciada de su primer marido, padre de Irene. Los encargados de la investigación de los atentados repararon, desde el primer momento, en un detalle: tanto la bomba que mató al teniente Carballar como la que mutiló al comandante Villalobos habían sido colocadas con un imán en los bajos de sus respectivos automóviles, concretamente debajo del asiento del conductor. Sin embargo, el artefacto que hirió a María Jesús González y a su hija fue adosado en su Seat 127 pero en la parte correspondiente al asiento del acompañante.

Francisco Carballar Muñoz tenía 47 años, era natural de Santa Olalla del Cala (Huelva) estaba casado con María Dolores Cardoso Vargas y tenían cinco hijos. Destinado en el RACA XI de Fuencarral, la misma tarde del día del atentado se celebró el funeral por su alma en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, con la asistencia del jefe del Estado Mayor, Ramón Porgueres, y el secretario de Estado para la Administración Militar, Gustavo Suárez Pertierra. El 18 de octubre la víctima fue enterrada en su localidad natal con la asistencia de un millar de vecinos del pueblo onubense.