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José María Martínez, comerciante, y José Luis Ruiz Casado, concejal del PP

El viernes 21 de septiembre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba de un tiro en la nuca al comerciante JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ-CUBERO en el término municipal de Larreineta, en el Valle de Trápaga, en Vizcaya. El cuerpo sin vida de José María estaba atado de pies y manos con cinta aislante cuando fue encontrado en un camino próximo a una mina abandonada, en la misma noche del viernes, por un pastor que residía en las inmediaciones del lugar.

El asesinato se produjo en la tarde del viernes, pero fue algunas horas más tarde cuando un ganadero localizó el cadáver y avisó inmediatamente tanto a la Policía Municipal como a la Guardia Civil. Próximo a la zona, los agentes pudieron encontrar el Citroën Dyane 6 del que era propietario el fallecido y que habría podido ser utilizado por los asesinos para transportar a José María hasta el lugar del crimen. Junto al cuerpo encontraron también un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, munición habitualmente empleada por ETA. Un único disparo bastó para acabar, casi instantáneamente, con la vida del comerciante, ya que la bala penetró por la parte posterior de la cabeza y salió por la parte superior de la cara, abriendo una terrible herida. José María Martínez quedaba así tendido en el suelo, con las manos y las piernas vueltas hacia atrás y atadas con cinta aislante, en un paraje solitario de una pista forestal, entre San Salvador del Valle y Larreineta. Además del disparo, el cuerpo presentaba signos de violencia.

Sobre las once de la noche, ETA militar reivindicaba la autoría del atentado mediante una llamada telefónica al diario Egin, indicando el lugar en el que habían dejado abandonado el cuerpo de José María, ignorando que éste ya había sido descubierto horas antes. Al contrario que en otros atentados similares, en esta ocasión ETA no aprovechó el comunicado para difundir insidias contra su víctima, ni para tratar de justificar el asesinato.

Al día siguiente del atentado, la viuda de José María Martínez explicó que su esposo había salido de casa en torno a las once de la mañana del viernes. Según manifestó, ella comenzó a preocuparse ya a la hora de comer al no recibir ninguna noticia de él a lo largo de toda la mañana.

El asesinato de José María se produjo el mismo día en que la Justicia francesa daba el visto bueno, por primera vez, a la extradición de etarras a España, sentando así un importante precedente en la lucha antiterrorista conjunta entre los dos países. Tres meses después de ser detenidos en Francia, siete terroristas de ETA serían los primeros casos de miembros de la banda extraditados por Francia a nuestro país. En concreto, tres de ellos –Francisco Javier Lujambio Galdeano, José Manuel Martínez Beiztegui y José Carlos García Ramírez- lo fueron a España, mientras que otros cuatro –José Miguel Galdós Oronoz, Ángel Castrillos Allende, Francisco Javier Alberdi Beristain y Luciano Izaguirre- fueron deportados a Togo, junto al Golfo de Guinea, en África. El Tribunal de Casación de Pau consideró que las acusaciones imputadas por la Justicia española estaban suficientemente probadas, por lo que dictó sentencia favorable a la extradición. La decisión generó reacciones enfrentadas entre el Partido Nacionalista Vasco, PNV, y las fuerzas no nacionalistas. El portavoz del PNV en el Congreso, Marcos Vizcaya, manifestó que la extradición "no va a generar más que problemas", mientras que el portavoz de los socialistas vascos, Txiki Benegas, indicó que la Justicia francesa había "hecho caso omiso de todas las presiones recibidas, incluyendo las del PNV".

José María Martínez Martínez-Cubero, de 41 años, era natural de Arlanza del Valle, en León, aunque residía en Portugalete desde hacía años. Estaba casado y era padre de dos niños. Se dedicaba profesionalmente a la compraventa de oro y aparatos de vídeo.

El 21 de septiembre de 2000, a las 7:40 de la mañana, ETA asesinaba al concejal del Partido Popular en San Adrián del Besós JOSÉ LUIS RUIZ CASADO, disparándole dos tiros en la cabeza. El atentado contra José Luis fue el primero mortal cometido en Cataluña desde 1994 y se llevó a cabo coincidiendo con la presencia en Barcelona del presidente del Gobierno, José María Aznar. Además, hacía poco más de tres semanas que la banda terrorista ETA había asesinado al también concejal popular en Zumárraga Manuel Indiano Azaustre.

Como todos los días a esa hora, el concejal popular salió de su domicilio para dirigirse a la empresa donde trabajaba, ABX Logistics, en la Zona Franca de Barcelona. Cuando aún no había llegado a su vehículo, a unos setenta metros del portal de su casa, dos hombres se cruzaron con él frente al número 89 de la calle Bogatell y al local de la agrupación de Convergencia Democrática de Cataluña de San Adrián. Se trataba de los etarras Fernando García Jodrá y José Ignacio Krutxaga Elezcano. El primero de éstos, García Jodrá, fue quien tras cruzarse con el edil dio media vuelta y le siguió durante unos metros, tras lo cual le descerrajó un tiro en la nuca. El disparó penetró en su cabeza cerca de la oreja y José Luis se desplomó al instante gravemente herido. Una vez en el suelo, García Jodrá realizó un segundo disparo a bocajarro. El asesino disparó al concejal, moribundo, en la cara a la altura de la nariz, según informaron fuentes del Hospital Hermanos Trias y Pujol de Badalona, donde le realizaron la autopsia. El cuerpo quedó tendido en el suelo, de costado. Las fuerzas de seguridad lo encontraron así, en medio de un gran charco de sangre. Sus gafas estaban tiradas cerca del cadáver y también se hallaron dos cartuchos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, munición empleada habitualmente por ETA.

Después de asesinar a José Luis Ruiz, Krutxaga Elezcano y García Jodrá montaron en un Renault 19 blanco que les estaba esperando para emprender la huida. Al volante estaba la terrorista Lierni Armendaritz. Juntos, los tres huyeron por debajo de los puentes de la autopista A-19, que une Barcelona y Mataró. Los asesinos habían planificado la huida y debían de conocer la zona en profundidad, puesto que en sólo seis minutos se dirigieron a un descampado de difícil acceso en el barrio de la Catalana, a través de un camino solitario. Una vez allí, en la calle Jaume Huguet, los terroristas abandonaron el vehículo con un artefacto incendiario, con el fin de eliminar así pruebas que pudieran conducir a su identificación. Instantes después el coche empezaba a ser consumido por las llamas. Unos trabajadores del Mercado Municipal de Besós fueron testigos presenciales de estas maniobras e intentaron sofocar las llamas. Además, informaron a los bomberos que del vehículo habían salido solamente un hombre y una mujer que, tras prender fuego al coche, fueron recogidos por un tercer hombre que conducía un segundo vehículo, en el que huyeron nuevamente los tres.

La Policía hizo averiguaciones sobre el Renault empleado en la huida inicial, descubriendo que la matrícula que llevaba se correspondía en realidad con la de otro de igual modelo, robado en el barrio de Horta hacía un mes. Este hecho, así como el conocimiento detallado de las rutinas y los horarios de la víctima y el elaborado plan de escape de los asesinos, llevaron a pensar a las Fuerzas de Seguridad que ETA contaba con un renovado grupo Barcelona, compuesto de informadores y cooperadores que habrían ayudado en la planificación y la elaboración del atentado. El entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, manifestó que "hay sospechas de que pueda haber cierta infraestructura" de ETA en Barcelona.

Además de las personas que habían presenciado el incendio del Renault 19, otros cinco testigos declararon haber visto al autor material del atentado y trataron de identificarlo, coincidiendo todos ellos en una descripción común: un joven alto, delgado, con perilla y abundante pelo.

José Luis Ruiz era un hombre discreto y querido por sus vecinos y sus compañeros de trabajo, que no podían entender cómo un hombre así había sido víctima de la barbarie terrorista. Las escenas de dolor y llanto entre sus compañeros se repitieron a lo largo del día. Al hacerse pública la noticia, los vecinos de San Adrián comenzaron a colgar sábanas blancas con crespones negros en sus ventanas y se organizó una concentración espontánea a las puertas del Ayuntamiento. Allí acudieron cientos de personas, incluidos los seiscientos alumnos del Colegio Sagrado Corazón, para manifestar su repulsa ante el horrible crimen. Vecinos, autoridades y dirigentes políticos se acercaron al domicilio de José Luis Ruiz para dar el pésame a la familia, mientras que entre la gente que se había reunido en la calle se oyeron gritos contra ETA y pidiendo la pena de muerte para los asesinos de la banda terrorista. Una de las escenas más duras fue la llegada de la madre de José Luis, que sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser atendida en una UCI móvil. Otro momento de gran conmoción tuvo lugar cuando Jorge Fernández Díaz, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, intentaba consolar a la viuda y a los hijos del edil popular. El hijo de éste, Álex, hizo saltar las lágrimas de sus familiares cuando dijo que "ya sé que voy a tener que cuidar ahora de mi familia", tras conocer la muerte de su padre.

Por la tarde, los líderes de los principales partidos políticos encabezaron una manifestación a la que acudieron más de mil personas. Recorrieron las calles de San Adrián mientras se oían gritos de "asesinos" y "ETA no, vascos sí", así como más llamamientos a instaurar la pena de muerte para los terroristas. Entre los asistentes estuvieron los ministros Jaime Mayor Oreja y Anna Birulés, así como Xavier Pomés e Irene Rigau, consejeros de la Generalidad.

En el Parlamento Europeo PP y PSOE elaboraron una declaración condenando el terrorismo y rechazando toda forma de diálogo con ETA y su entorno político. Más de 270 miembros del organismo firmaron la declaración, pero el dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña Pere Esteve señaló que era difícil firmar el texto porque, al renunciar al diálogo, se negaba un posible camino hacia la paz. Asimismo, los representantes del Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Bloque Nacionalista Gallego, condenaron duramente el atentado pero se negaron a renunciar al diálogo con el brazo político de ETA. Koldo Gorostiaga, en representación de Euskal Herritarrok, trató de desviar la atención hablando de los supuestos casos de torturas sufridas por etarras en España, pero fue abucheado por los miembros de la Eurocámara.

En la sala de plenos del Ayuntamiento fue instalada la capilla ardiente. A las 16:45, entre los aplausos de los cientos de personas congregadas, llegó el coche fúnebre con los restos mortales de José Luis Ruiz Casado. En una pancarta escrita en catalán podía leerse "José Luis, te queremos. ETA basta ya". El alcalde socialista Jesús María Canga, amigo de José Luis desde la infancia, y varios concejales, fueron los responsables de transportar a hombros el féretro.

Al día siguiente del atentado tuvo lugar el funeral por el alma del edil popular. Centenares de vecinos acudieron a la plaza de la Iglesia de San Adrián para mostrar su cariño a los familiares del concejal asesinado y recibieron con un gran aplauso la entrada del féretro en la parroquia. La misa fue celebrada por el cardenal arzobispo de Barcelona, Ricard Maria Carles y entre los asistentes estuvieron el secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, los ministros Josep Piqué y Jesús Posadas, y el presidente de la Generalidad, Jordi Pujol. Este último, al enterarse de la noticia del atentado, había suspendido un viaje oficial que tenía pendiente realizar a Hannover, en Alemania. El entierro, que se produjo en estricta intimidad por deseo de la familia de la víctima, tuvo lugar en el cementerio de Badalona.

El Ayuntamiento de Barcelona suspendió las recepciones oficiales previstas durante las fiestas de La Mercé, mientras que la Generalidad convocó dos días de duelo oficial. En San Adrián del Besós, el alcalde y miembro del PSC Jesús María Canga invitó a CiU y al PP a entrar a formar parte del gobierno local, junto con Iniciativa per Catalunya y el propio PSC, que gobernaban en coalición hasta el momento del atentado. La invitación tuvo lugar durante la concentración de repulsa que tuvo lugar a las puertas del Ayuntamiento y se produjo "porque a un lado estamos los demócratas y en el otro están los que nos matan (...) de nada vale tener mayoría absoluta si te matan a un amigo".

Frente a esas manifestaciones de unidad y exhibiendo su habitual hipocresía, Euskal Herritarrok dijo "lamentar" el asesinato de José Luis Ruiz, pero no lo condenó. En un comunicado difundido tras el crimen EH decía mostrar "su solidaridad" con los familiares, compañeros y amigos del concejal popular, instando a las otras fuerzas políticas a "buscar soluciones" desechando "cualquier otra vía de carácter policial o represivo".

Numerosos dirigentes políticos, así como personalidades de la vida pública, hicieron manifestaciones o redactaron escritos solidarizándose con los familiares y compañeros de José Luis, y condenando sin miramientos el vil asesinato. El rey Juan Carlos no dudó en calificar el atentado como "cobarde", tachándolo de ser "una brutal violación del más elemental de los derechos humanos, [que] nos debe unir todavía más a los demócratas en la lucha por la libertad, la dignidad y la vida, amenazada por el terrorismo ciego de ETA". José María Aznar, presidente del Gobierno, pidió confianza "en el trabajo que se está haciendo" para luchar contra el terrorismo y dijo que "hay momentos muy duros, como éste, en el cual una familia sufre". Javier Arenas, secretario general del PP, manifestó que "ni el Partido Popular ni el Gobierno van a ceder nunca frente al asesinato". José Luis Rodríguez Zapatero avanzó que el PSOE iba a desplegar "una intensa actividad de contactos con líderes europeos para que la Unión Europea se implique en el problema del País Vasco (...) Europa no puede permanecer ajena a que una parte de su territorio, como es el País Vasco, esté en la situación actual." Rodríguez Zapatero se dirigió a Juan José Ibarretxe para pedirle que acudiera "con todas las fuerzas democráticas" a la manifestación convocada por el colectivo Basta Ya, en San Sebastián, el día 23. Jordi Pujol, presidente de la Generalidad manifestó "el más enérgico y absoluto rechazo" ante el crimen y dijo que un atentado en Cataluña era algo previsible, "porque no estamos al margen de esta violencia criminal", pero instó a no caer en el desánimo porque "las cosas se están haciendo bien por parte de las fuerzas de orden público". Alberto Fernández Díaz, presidente del PP en Cataluña, aseguró que su partido continuaría con su actitud de firmeza contra el terrorismo, y dijo que ETA nunca lograría sus objetivos mediante el uso de la violencia. El alcalde de San Adrián y gran amigo de José Luis Ruiz, Jesús María Canga, dijo en el pleno extraordinario del Ayuntamiento que "ETA ha matado en un pueblo que lo que necesita es ayuda", con lo que el asesinato de José Luis supone "una doble cobardía". El alcalde de Barcelona Joan Clos condenó el atentado y calificó el asesinato de José Luis Ruiz como un "acto de violencia injustificada y fría". El lehendakari Juan José Ibarretxe convocó concentraciones silenciosas frente a las instituciones vascas como gesto de condena al atentado y manifestó que "todos juntos debemos exigir a ETA que abandone la violencia", mientras que la secretaria del PNV, Josune Ariztondo, acusó a ETA de pervertir el mensaje de los nacionalistas y de tratar de silenciar con el terror a los ciudadanos vascos. El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, se dirigió precisamente a Ibarretxe y al PNV para pedirles que no olvidaran que los que unos días antes gritaban "¡ETA mátalos!", tratando de boicotear una manifestación de Basta Ya, estaban festejando ahora el asesinato de Ruiz Casado. José Montilla, como representante del PSC, lanzó un mensaje de esperanza: "el dolor y la indignación por el cobarde atentado contra José Luis Ruiz Casado no podrán arrancarnos la esperanza" mientras que Xavier Trias, presidente del grupo de CiU en el Congreso de los Diputados, se mostró firme en cuanto a los medios para terminar con la lacra terrorista, explicando que "la derrota de estos asesinos pasa por todos, y pasa también por una acción policial potente y contundente, así como la colaboración de nuestra sociedad con los Cuerpos de Seguridad del Estado". El líder de Unión Democrática de Cataluña, Josep Antoni Duran i Lleida, retomó el discurso de la unidad, lanzando veladas acusaciones y afirmando que "sólo la fuerza democrática y el consenso de los partidos políticos pondrán fin a la carrera sin límite de esos que aún creen que el fin justifica siempre todos los medios. Gravísimo error es pretender hoy el diálogo con los terroristas y aquellos que les rodean. Pero el mayor fracaso es la incapacidad de las fuerzas democráticas de retomar la esencia del Pacto de Madrid, sea con éste u otro nombre, y consensuar, de esta forma, una política común de lucha antiterrorista, una política separada de intereses partidistas de unos y otros". Tanto Rodrigo Rato como Mariano Rajoy, en su condición de vicepresidentes del Gobierno, hablaron de la necesidad de cambiar la situación del Ejecutivo vasco, llegando incluso Mariano Rajoy a cuestionar que éste mereciera el calificativo de "gobierno".

Entre las manifestaciones de personas no vinculadas directamente con la política, representantes de asociaciones de víctimas del terrorismo, escritores, filósofos y actores también quisieron dedicar unas palabras al atentado cometido contra José Luis Ruiz Casado. El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cataluña, Roberto Manrique, superviviente de la masacre de Hipercor en Barcelona, no dudó en afirmar que "más de 2500 familias, miles de huérfanos y heridos, nos vemos obligados a recordar continuamente el dolor y la impotencia a la que los terroristas nos tienen condenados, inclusive teniendo que escuchar a personajes que intentan excusar lo evidente: ETA es una banda mafiosa y fascista, asesina y rastrera, que sólo busca el matar por el matar. No hay excusas ante el crimen" y aprovechó para dirigirse al lehendakari Ibarretxe y el PNV en duros términos: "Pero casi tan vergonzosa como la actitud etarra es la actitud servil de quienes, amparándose en siglas y en argumentos semánticos, intentan minimizar lo que está ocurriendo". Como reacción al atentado y en respuesta a Arnaldo Otegi, que había sacado a relucir en los últimos días los fusilamientos de terroristas etarras cometidos en los años 70, el filósofo Fernando Savater consideró significativo que Otegi, "para recordar un fusilamiento en el Estado español, tenga que remontarse a hace 25 años (...) nosotros para recordar el último fusilamiento de ETA no tenemos más que remontarnos hasta esta mañana (...) en este país, el único resquicio de franquismo que queda es ETA (...) nosotros no tenemos ningún cuerpo militar que vaya matando a gente (...) yo prefiero salir a manifestarme con la cabra de la Legión que con todos los cabrones con los que sale Otegi". El actor Albert Boadella, como también hicieran Roberto Manrique y Fernando Savater, publicó un breve texto en el diario ABC en el que decía: "El dolor se transforma en repugnancia cuando a la pérdida de una vida humana se suma la irracionalidad de una estrategia terrorista absolutamente desproporcionada. (...) sólo busca, en definitiva, convertir en cómplice a una población atemorizada, que reclame, desde el miedo, el fin del terror a cualquier precio. Cuando el desequilibrio entre el dolor que se causa y la supuesta reivindicación es tan enorme no se puede aceptar ni la negociación ni el diálogo".

También desde el ámbito eclesiástico se enviaron mensajes de condena a los asesinos y de cariño hacia los familiares del concejal asesinado. El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela hizo pública una nota de prensa en la que, calificando el asesinato como "cruel y vil", afirmaba que "cada nuevo atentado supone una violación del derecho sagrado a la vida y un ultraje a la dignidad de la persona, que ha sido hecha a imagen y semejanza del Creador". Por su parte, el cardenal Ricard Maria Carles, pidió que los asesinos "en nombre de Dios, cesen de verter la sangre de sus hermanos y escuchen el llanto de los huérfanos y de las viudas y el clamor unánime de toda la sociedad, que pide el final inmediato de la violencia ciega".

En el año 2003, los tres terroristas que cometieron el atentado contra José Luis Ruiz Casado fueron condenados por la Audiencia Nacional a penas de 34 años y seis meses de cárcel. Fernando García Jodrá, que había sido el autor de los disparos, José Ignacio Krutxaga Elezcano, que le había dado cobertura durante el asesinato y Lierni Armendaritz, que les había ayudado a huir en el Renault 19.

Sin embargo, los ejecutores sólo eran una parte del grupo Barcelona, quedando otros miembros todavía pendientes de ser juzgados, entre los que se encontraban colaboradores e informadores. El grupo fue desarticulado en enero de 2001. A finales de 2003 tenía lugar el juicio oral al resto del grupo, llegando la sentencia en mayo de 2004. Las Fuerzas de Seguridad responsabilizaban al grupo de acciones terroristas cometidas en los años 2000 y 2001 que además del crimen contra José Luis Ruiz incluían los asesinatos del exministro socialista Ernest Lluch, del guardia urbano de Barcelona Juan Miguel Gervilla y del concejal del Partido Popular Francisco Cano Consuegra.

Zigor Larredonda, Diego Sánchez Burria y Laura Riera fueron condenados en concepto de colaboradores a penas de nueve años de prisión, mientras que Frances Bárcena, Purificación Ródenas y Josep Tamboleo, también como colaboradores, tuvieron que afrontar cinco años de condena cada uno.

En la sentencia de mayo de 2004 la Audiencia Nacional consideró probado que en marzo del año 2000 los etarras Fernando García Jodrá y José Ignacio Krutxaga llegaron a Barcelona, procedentes de Francia, con la orden de cometer atentados mortales contra policías, políticos y militares, así como de causar daños materiales sobre bienes e intereses turísticos. Tras ponerse en contacto con Zigor Larredonda, Jodrá habría alquilado un apartamento en el que Lierni Armendaritz almacenó explosivos, munición y matrículas de coches. El responsable de conseguir pisos e información sobre las víctimas elegidas pasó a ser Diego Sánchez Burria, hijo de un comisario de Policía. Los datos acerca de los posibles objetivos los extraía del Boletín Oficial del Estado, así como de revistas militares. Laura Riera se encargaba de averiguar las matrículas de los vehículos particulares de policías y políticos, indagando en la base de datos de la Dirección General de Tráfico. Trabajaba en la sección de multas del Ayuntamiento de Tarrasa. En enero de 2001 fueron detenidos José Ignacio Krutxaga y Lierni Armendaritz, cuando iban a colocar una bomba, mientras que Fernando García Jodrá, en libertad, trató de esconderse en casa de Purificación Ródenas, Josep Tamboleo y Francesc Bárcena, que lo alojaron en su vivienda a sabiendas de que era un terrorista buscado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En abril de 2011 el terrorista Fernando García Jodrá y su compañera sentimental, la también etarra Nerea Bengoa Ziarsolo, recibieron el visto bueno de la Administración para someterse a un tratamiento de fecundación "in vitro". Jodrá, que acumula más de 200 años de condenas por los asesinatos cometidos, y su compañera, podrían salir de la cárcel para someterse a los tratamientos, cuyo coste correría a cargo del Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Junta de Andalucía, tras haber sido autorizado por el Hospital público Reina Sofía de Córdoba. Es precisamente en esta ciudad donde ambos terroristas cumplen condena.

José Luis Ruiz Casado tenía 42 años en el momento de su asesinato. Nacido el 3 de agosto de 1958 en Barcelona, creció en la zona del Besós y desarrolló toda su vida familiar en San Adrián, donde contrajo matrimonio con Piedad Guevara Vico. Allí vieron nacer a sus dos hijos, Alejandro y Ariadna, que tenían 9 y 12 años de edad, respectivamente, cuando su padre fue asesinado. José Luis nunca tuvo una gran vocación política, pero estaba profundamente involucrado en la resolución de los problemas de San Adrián y de sus barrios más pobres y conflictivos. Según sus amigos, vecinos y compañeros de trabajo, José Luis era un hombre tranquilo y amable. Una persona muy dialogante, aunque discreto y parco en palabras. Por su interés en los problemas del municipio, poco a poco se había ganado el cariño de sus vecinos.

En la empresa en la que trabajaba desde hacía quince años, la multinacional ABX Logistics, ocupaba el cargo de director del Departamento de Tráfico Internacional. Era concejal desde hacía cinco años y militaba en el Partido Popular desde 1993, pero su vinculación con la política no era profesional. José Luis Ruiz Casado era miembro del recién creado Consorcio de la Mina, ejerciendo de vocal del Partido Popular. El Consorcio tenía como objetivo convertir el barrio con más delincuencia y paro de Cataluña en un lugar digno en el que poder vivir. También formaba parte del Consorcio del Besós, un organismo dedicado a la gestión de las construcciones e infraestructuras en las orillas del río Besós.

José Luis era un hombre metódico que solía hacer siempre los mismos recorridos. Según indicaron algunos vecinos, había asegurado "no tener miedo". En el momento de su asesinato hacía más de un año que no llevaba escolta. Cada año, en el aniversario de su muerte, sus familiares y seres queridos se reúnen en el cementerio de Badalona para rendirle homenaje.

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