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Leganés, escenario de nuevos episodios de violencia sindical

Amenazas, insultos, agresiones... los sindicatos han elegido el municipio madrileño de Leganés como un nuevo escenario para desplegar su violencia.

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Amenazas, insultos, agresiones... los sindicatos han elegido el municipio madrileño de Leganés como un nuevo escenario para desplegar su violencia.
Violencia sindical en Leganés

Ni tan siquiera el ir acompañada de su hijo de nueve años impidió a la responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Leganés, María Paz Pérez Carrillo, verse insultada y zarandeada por un grupo de sindicalistas. La agresión se produjo el pasado día 5, cuando la delegada asistía a una comida benéfica en un parque de bomberos.

Según la propia Pérez Carrillo ha contado a Libertad Digital, el niño, al que "tuvieron que meter a la carrera en el parque" quedó traumatizado: "Ni siquiera quiso ir a ver la Cabalgata de Reyes".

Leganés ha sido uno de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que por primera vez pasó a ser gobernado por el PP tras las últimas elecciones municipales en lo que se conoció como el fin del "cinturón rojo" de Madrid. Como no podía ser de otra forma, el asunto no ha sentado bien ni a los partidos ni a los sindicatos de izquierda y, en Leganés parece llegado el momento de plantear batalla. La elección es que esta no sea meramente política.

La excusa ha sido que desde el Ayuntamiento se ha decidido no prolongar el contrato de 38 trabajadores interinos cuya vinculación laboral con el consistorio se extinguía a finales de año. Las razones son bien sencillas, y así las explicaba el alcalde, Jesús Gómez: los ingresos municipales han pasado "de los 170 millones de euros de 2008 a los 120 de 2012".

Además, el asunto tiene otra cara que tampoco puede olvidarse: según revela el propio ayuntamiento, sólo entre 2007 y 2011, la última legislatura en la que el PSOE e IU formaban la coalición de gobierno, la cifra de interinos contratados superó los 200, mientras los ingresos, como hemos visto, se desplomaban.

Por último, el equipo municipal también recuerda que los tres partidos de la oposición se negaron a suscribir el convenio con el Canal de Isabel II, que habría supuesto "unos ingresos de 31 millones de euros". De hecho, el alcalde se ha comprometido a readmitir a toda la plantilla si se suscribe este acuerdo.

"Hijos de puta" y "asesinos"

Ya antes de la agresión a María Paz Carrillo que referíamos anteriormente se produjeron incidentes muy graves en las propias puertas del Ayuntamiento, donde una concentración de trabajadores degeneró el pasado día tres en una demostración violenta cuando los concejales empezaron a entrar en la casa consistorial.

Los concentrados comenzaron a proferir graves insultos, entre ellos "hijos de puta" y "asesinos" y a lanzar contra los concejales algunas plantas arrancadas de un jardín cercano. Pérez Carrillo también fue de las que se llevó la pero parte, siendo insultada y zarandeada por un individuo que era "jaleado por la líder local de UGT", según contaba la propia delegada.

Poco después los más violentos de los concentrados fueron a la delegación de Hacienda y Recursos Humanos donde, utilizando lo que desde le consistorio se ha descrito como "métodos extremadamente violentos para intimidar a los trabajadores" rodearon la delegación causando "estupor y miedo" a los que se encontraban en el interior

Otros dos concejales pasaron un mal trago, en este caso los de Asuntos Sociales y Medio Ambiente, Ángel Juárez y David Alonso respectivamente, que ya habían recibido insultos y escupitajos y tuvieron que permanecer casi escondidos en un edificio de la Plaza Mayor, mientras energúmenos en el exterior golpeaban paredes, puertas y cristales con violencia.

La situación llegó a tal punto que tuvo que intervenir la Policía Nacional, que fue la que finalmente desalojó el edificio.

Los sindicatos, sin embargo, negaban las agresiones y las intimidaciones, aunque un comunicado emitido por CCOO destacaba que "asesores y concejales del Partido Popular pasaban por delante de los trabajadores despedidos (...) y lo hacían en una clara actitud de provocación y sin mostrar ningún tipo de solidaridad con el drama de estas familias".

Más aún, los sindicalistas argumentaban que "si alguien ha sido agresivo e insultante habría que señalar a quien ha firmado los decretos de cese", es decir, el alcalde Jesús Gómez.

Como suele ser habitual la violencia de las manifestaciones se ha trasladado después a pintadas varias que han llenado paredes y cristales de las dependencias municipales, bien agrediendo los bienes públicos bien, además, profiriendo graves insultos contra el PP o el alcalde. 

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