Mariano Rajoy espera iniciar su viaje oficial a China -el vuelo está previsto para el martes por la noche, y ya no volverá a España hasta el sábado- con todos los deberes hechos. Esto es, presentado el recurso (o recursos) ya redactado para impedir que se celebre en Cataluña la consulta ilegal del 9 de noviembre. Si bien, el Gobierno ha de esperar a que Artur Mas mueva ficha y consume la amenaza.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, no podrán ponerse en marcha para frenar el desafío separatista hasta que la ley de consultas y la convocatoria del referéndum sean publicados en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC). El Ejecutivo prevé que Mas de ambos pasos en un corto espacio de tiempo.
Una vez suceda esto, el Gobierno articulará una estrategia que este viernes volvió a estar encima de la mesa del Consejo de Ministros. Lo primero: el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, (o el propio presidente) elevará una consulta al Consejo de Estado, que se reunirá de urgencia y presentará un informe. Cabe destacar que este órgano lo dirige José Manuel Romay Beccaría, de la total confianza de Rajoy -hasta el punto de que le hizo tesorero del PP una vez estalló el caso Bárcenas-.
Romay Beccaría ya tiene el documento prácticamente listo por lo que el trámite no debería de durar más de un día. Una vez esté redactado, se remitirá al departamento de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo titular será el encargado de llevarlo a la mesa del Consejo de Ministros. Será entonces cuando Rajoy convoque al gabinete de forma extraordinaria -antes del martes, confía, y sin descartar aún el fin de semana pese a que tiene previsto un desplazamiento a Santander este sábado-.
En el Consejo de Ministros se cumplirán con los formalismos. Es decir, Rajoy habrá de escuchar de los distintos miembros del gabinete su opinión sobre la amenaza planteada por Mas. Tras ello, se encomendará a la Abogacía del Estado que redacte el recurso de inconstitucionalidad que se presentará ante el Tribunal Constitucional solicitando la impugnación de ambas iniciativas a medida que se publiquen por la Generalidad en el DOGC.
Según fuentes del tribunal de garantías, en principio el Constitucional tratará este asunto en algunos de los plenos ordinarios que celebran en este órgano los martes, miércoles y jueves de cada semana. Cabría la posibilidad de que el recurso de la Abogacía se estudiará en una sesión extraordinaria convocada por el presidente del TC Francisco Pérez de los Cobos, pero parece la opción menos probable.
Sólo si el gobierno de Artur Mas desoye la decisión que adopte el tribunal de garantías -que probablemente suspenderá la ley de consultas- entraría en acción la Fiscalía. El Ministerio Público podría presentar una querella contra Mas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde está aforado, previsiblemente por delitos de desobediencia o sedición.
No obstante, tal y como hicieron saber este jueves el fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce y la cúpula de la Fiscalía catalana, el Ministerio Fiscal está convencido de que se cumplirá la legalidad ya que el ordenamiento legal será respetado por "todas las instancias", tanto en los preceptos legales emanados de la Constitución como los eventuales pronunciamientos de los tribunales
Rajoy espera que Mas cumpla la palabra dada en el último despacho que celebraron y no haga nada ilegal. En caso contrario, el Ejecutivo asegura que tiene previstos todos los escenarios y que hará acatar la ley y la Constitución.