El Estado democrático español dejó claro 'urbi et orbi' que no aceptaba ni tácitamente ni de ninguna otra manera la existencia de un referéndum de secesión.
Es obvio que aquí ningún político paga por aceptar vivir en el golpe de Estado permanente: Rajoy disfruta de su Registro y Sánchez del Palacio de la Moncloa.