Resulta esperpéntico que el Ejecutivo de Pedro Sánchez afirme que no acepta ultimátums de los golpistas al mismo tiempo que se niega a intervenir la Administración en la que los golpistas detentan el poder y sigue ofreciéndoles diálogo... pero se niega a reunirse con Torra en Barcelona, tal y como el supremacista le ha pedido por carta este miércoles, alegando que "no es el mejor momento".
En cuanto a las formaciones separatistas, está por ver que sean las que hagan caer al Gobierno de Sánchez si no autoriza la celebración de un referéndum de autodeterminación, algo que no está en su mano por la sencilla razón de que choca frontalmente con la Constitución. De momento, el golpista Torra no ha puesto plazo en la referida misiva. Y ERC, por boca del grotesco Rufián, ha advertido de que "los ultimátums los carga el diablo".
Ni que decir tiene que este aparente paso atrás de los secesionistas no obedece a ninguna moderación sobrevenida, tal y como dejan en evidencia sus renovadas críticas a los jueces o su propuesta de que el Parlamento regional de Cataluña repruebe al Rey. Las dudas en el seno del separatismo respecto al ultimátum de Torra obedecen sólo a la clara comprensión del hecho de que, sin llegar a la autorización del referéndum, son muchas las cosas que pueden obtener de un Gobierno como el que preside el oportunista Sánchez. A este respecto, no hay que olvidar que la Generalidad va a necesitar, más pronto que tarde, que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) vuelva a tapar los agujeros que deja en sus cuentas el proceso de construcción nacional y el sostenimiento de sus estructuras de Estado, entre las que se cuentan las reabiertas embajadas en el exterior.
Por otra parte, la materialización de la amenaza del golpista Torra de dejar caer a Sánchez en noviembre abocaría a los separatistas al riesgo de que se conformara un Gobierno central con PP y Ciudadanos, que ahora tienen un discurso mucho más firme que el que lamentablemente mantuvieron durante las fases en que el golpe estuvo capitaneado por Artur Más y Carles Puigdemont. Eso, por no hablar de la previsible representación parlamentaria que pudiera obtener Vox, que desde el primer momento se opuso a la aplicación insustancial del 155 y a seguir cebando a los golpistas vía FLA.
Bien está que el PP y Ciudadanos reiteren su exigencia de una aplicación del 155 que no constituya una farsa como la que tuvo por objeto celebrar unas nuevas elecciones regionales en Cataluña. Pero mejor estaría que esa exigencia la hicieran en sede parlamentaria, forzando así al Gobierno de Sánchez a retratarse y a dejar en evidencia hasta qué punto está a merced de los separatistas.
Terrible pero cierto: la permanencia de Sánchez en la Moncloa aboca a un desgobierno del que sólo pueden sacar tajada las formaciones secesionistas.